
Las empresas estatales, las mipymes privadas y otros actores económicos no estatales de Cuba podrán beneficiarse de nuevos incentivos fiscales si financian la construcción, rehabilitación o equipamiento de escuelas, policlínicos y otras instalaciones sociales.
La medida contempla una deducción de impuestos equivalente al 20 % de las inversiones realizadas, aplicable durante un plazo de hasta cinco años.
Los beneficios están recogidos en la Resolución 208/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), publicada el 16 de noviembre de 2026 en la Gaceta Oficial No. 95 Ordinaria de la República de Cuba.
La disposición, firmada por el ministro Vladimir Regueiro Ale, también establece descuentos tributarios por donaciones destinadas a entidades estatales con fines sociales y contempla incentivos adicionales para negocios dedicados fundamentalmente a prestar estos servicios.
¿Quiénes pueden beneficiarse de los nuevos incentivos fiscales?
La resolución establece que los beneficios por inversiones en infraestructura social están dirigidos a los actores económicos estatales y no estatales.
Esto significa que no se limitan a las empresas públicas. Las mipymes privadas y otros negocios del sector no estatal pueden acogerse a la medida siempre que cumplan las condiciones previstas en la normativa y estén sujetos a los impuestos correspondientes.
Para acceder al descuento, deben realizar inversiones destinadas a construir, rehabilitar o equipar instalaciones de carácter social.
Entre los centros mencionados expresamente en la resolución figuran:
- Escuelas y otras instalaciones educativas.
- Policlínicos.
- Hogares de ancianos.
- Centros culturales.
- Instalaciones deportivas.
La disposición contempla también otras instalaciones sociales, por lo que la relación de centros beneficiarios no se limita necesariamente a los ejemplos enumerados.
El incentivo está vinculado a la inversión realizada y debidamente acreditada. No supone una exención general de impuestos para todos los actores económicos estatales o privados.
¿Cuánto podrán descontar de sus impuestos?
La principal bonificación consiste en una deducción del impuesto a pagar equivalente al 20 % del valor de la inversión, que podrá aplicarse durante un plazo de hasta cinco años.
El beneficio corresponde al Impuesto sobre Utilidades o al Impuesto sobre los Ingresos Personales, según el tributo que deba liquidar el contribuyente.
Por ejemplo, si un actor económico realiza una inversión elegible de un millón de pesos cubanos (CUP), el 20 % equivale a 200.000 CUP. Esa cantidad constituye el importe de referencia de la bonificación tributaria, cuya aplicación dependerá del impuesto correspondiente y de las condiciones establecidas.
La medida no significa que el Gobierno devuelva directamente el 20 % del dinero invertido ni que reduzca en ese porcentaje el tipo impositivo del contribuyente.
La resolución fija un plazo máximo de cinco años para aplicar la bonificación, pero no detalla cómo debe distribuirse la deducción entre los distintos ejercicios fiscales.
¿Qué requisitos deben cumplir las empresas y los negocios privados?
Para acogerse a los incentivos, los contribuyentes deberán justificar las inversiones efectuadas mediante facturas y otros documentos que acrediten su costo.
La resolución también establece que la entidad receptora debe incorporar los bienes financiados a sus activos fijos tangibles.
Los beneficios se harán efectivos durante la liquidación anual del impuesto correspondiente, al cierre del ejercicio fiscal.
Para ello, será necesario presentar ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) la documentación que respalde la inversión y la conformidad de la entidad beneficiaria, de acuerdo con las exigencias de la normativa.
Por tanto, el simple anuncio de una inversión o la entrega de recursos sin la documentación requerida no basta para acreditar el derecho a la bonificación.
¿También habrá descuentos fiscales por donaciones?
Sí. La Resolución 208/2026 contempla un segundo incentivo para los actores económicos estatales y no estatales que realicen donaciones en efectivo o en especie a entidades estatales dedicadas a fines sociales.
En estos casos, podrán obtener una reducción del impuesto equivalente al 10 % del valor de la donación.
Por ejemplo, una donación elegible de 100.000 CUP permitiría calcular una bonificación de 10.000 CUP sobre el impuesto correspondiente.
El beneficio está expresamente vinculado a las donaciones destinadas a entidades estatales con fines sociales. La resolución no extiende de forma general esta bonificación a cualquier entrega de dinero o bienes realizada a particulares u organizaciones privadas.
Al igual que ocurre con las inversiones, la reducción se aplica en la liquidación anual del impuesto y requiere la documentación que justifique la operación.
¿Qué otros negocios podrán recibir beneficios adicionales?
La normativa contempla un tratamiento fiscal diferenciado para los actores económicos estatales y no estatales cuya actividad principal esté relacionada con la prestación de servicios sociales.
Para optar por estos incentivos, al menos el 50 % de sus ingresos brutos debe proceder de esas actividades.
Los beneficios que pueden solicitar incluyen:
- La aplicación de un tipo impositivo reducido del Impuesto sobre Utilidades.
- Una bonificación del Impuesto sobre los Ingresos Personales, según corresponda.
- La exención del Impuesto Aduanero para importar equipos y tecnologías necesarios para prestar los servicios sociales.
Las ventajas tributarias relacionadas con las utilidades o los ingresos personales están previstas para los primeros cinco años de operación.
Sin embargo, estos incentivos adicionales no son automáticos. Los interesados deberán presentar una solicitud y obtener la aprobación expresa del Ministerio de Finanzas y Precios.
La resolución no establece un porcentaje único para el tipo impositivo reducido ni precisa una lista cerrada de equipos y tecnologías que podrán quedar exentos del impuesto aduanero.
¿Qué diferencia hay entre invertir, donar y prestar servicios sociales?
La normativa distingue tres situaciones con tratamientos fiscales diferentes.
Quienes inviertan en infraestructura social podrán acceder a una bonificación equivalente al 20 % del valor de la inversión, durante un plazo de hasta cinco años.
Quienes realicen donaciones a entidades estatales con fines sociales podrán obtener una reducción tributaria equivalente al 10 % de lo donado.
Quienes se dediquen principalmente a prestar servicios sociales podrán solicitar beneficios adicionales sobre sus impuestos y determinadas importaciones, siempre que cumplan el requisito del 50 % de ingresos brutos procedentes de esas actividades y reciban la autorización ministerial correspondiente.
¿Desde cuándo están vigentes los incentivos fiscales?
La Resolución 208/2026 fue publicada el 16 de noviembre de 2026 en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, edición ordinaria número 95, páginas 4023 y 4024, bajo el identificador GOC-2026-653-O95.
La disposición establece que entra en vigor a partir de su publicación, por lo que los nuevos incentivos están vigentes desde esa fecha.
La medida se fundamenta en las facultades concedidas al ministro de Finanzas y Precios por la Ley 113 del Sistema Tributario, de 23 de julio de 2012, para aprobar exenciones y bonificaciones tributarias cuando las circunstancias económicas y sociales lo aconsejen.
El Ministerio de Finanzas y Precios será responsable de controlar la aplicación de estos beneficios, en coordinación con la administración tributaria, y de evaluar sus resultados.
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