Una anciana rompe a llorar frente a la cámara mientras denuncia que las autoridades cubanas la han amenazado con retirarle la pensión y el acceso a la libreta de abastecimiento si continúa recibiendo comida de activistas opositores. El video, difundido por el opositor José Daniel Ferrer en su cuenta de X, muestra el testimonio de adultos mayores de Santiago de Cuba que enfrentan una nueva forma de represión: usar su supervivencia como instrumento de presión política.
Las amenazas se dirigen contra quienes acuden al punto de distribución de alimentos del reparto Zamorana, coordinado por Maikel Mediaceja Ramos, expreso político de la UNPACU que cumplió ocho años y siete meses de prisión antes de ser excarcelado en abril de 2026.
El proyecto atiende a más de 1,000 personas al día y distribuye también vitaminas y medicamentos a ancianos, niños con desnutrición y familias en extrema pobreza.
La represión contra la campaña «Salvar a Cuba» se ha intensificado en las últimas semanas. A mediados de octubre, agentes de la policía política intentaron detener a Mediaceja antes del amanecer en su vivienda de la calle B entre Madre Vieja y Zamorana; vecinos frustraron el arresto y el activista escapó por los tejados.
«Yo no estoy haciendo nada malo. Yo lo que estoy es dándole de comer a las personas que tienen hambre», declaró Mediaceja al escapar del operativo.
Las autoridades amenazaron luego con intervenir el reparto alegando falta de «autorización legal», y según Ferrer, la Seguridad del Estado advirtió a Mediaceja que podría ser enviado a prisión por tercera vez si continuaba con la iniciativa.
La escalada más reciente convierte la amenaza en algo aún más cruel: advertir a los propios beneficiarios —personas mayores que dependen de esa ayuda para comer— que perderán sus pensiones y el acceso a la libreta si aceptan comida de opositores.
El trasfondo socioeconómico hace esas amenazas especialmente devastadoras. Una encuesta de ASIC publicada en marzo de 2026 reveló que el 99% de los jubilados consultados afirmó que su pensión no cubría alimentación, vivienda ni medicamentos.
El Food Monitor Program informó que el 55,6% de las personas mayores de 60 años había perdido completamente el acceso a alimentos en septiembre de 2026, y que el 33,9% de los hogares cubanos tenía al menos una persona que se había acostado con hambre.
La pensión mínima cubana es de 4,000 pesos mensuales, equivalente a poco más de 4 dólares al cambio informal, una cifra que ilustra por qué la ayuda opositora representa para muchos ancianos la diferencia entre comer y no comer.
Una anciana de 81 años residente en Zamorana lo resumió con dureza en un video difundido anteriormente: «Tengo 81 años, me han quitado todo», señalando que su pensión no le alcanza ni para comprar una botella de aceite.
La represión no se ha limitado a Zamorana. El 7 de noviembre, tropas especiales irrumpieron en la vivienda del activista Yoel Alejandro Pérez Serrano en Guamuta, El Cobre, confiscando alimentos, ollas, teléfonos y otros bienes antes de detenerlo. Su comedor comunitario atendía a unas 400 personas con al menos una comida diaria de lunes a viernes.
«La tiranía usa sus fuerzas militares para reprimir a un hombre pacífico, a un hombre noble, generoso, muy humano, que lo que está haciendo es sacrificándose para ayudar al pueblo», denunció Ferrer tras el operativo.
Las cifras de vulnerabilidad en Santiago de Cuba son elocuentes: las propias autoridades provinciales reconocieron más de 101,000 personas vulnerables en la provincia, más del 10% de su población, lo que subraya la magnitud de la crisis que la campaña «Salvar a Cuba» intenta paliar y que el régimen, en lugar de resolver, responde con represión.
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