
El Southern Poverty Law Center (SPLC) y Americans for Immigrant Justice presentaron este martes una queja administrativa de 20 páginas ante tres organismos federales de supervisión para exigir una investigación sobre las condiciones en la oficina de ICE en Miramar, Florida, donde los cubanos con formulario I-220A acuden a sus citas rutinarias de supervisión migratoria.
La queja fue presentada ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, y la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE, y exige atención médica inmediata para quienes la necesiten, una investigación formal y una respuesta escrita antes del 1 de diciembre.
Esta acción administrativa es un nuevo escalón en el conflicto legal que rodea a esa instalación. El 2 de octubre, las mismas organizaciones presentaron una demanda colectiva federal contra ICE por las condiciones en Miramar, actualmente ante la jueza federal Beth Bloom en Miami.
Las condiciones en oficinas de ICE y el futuro de los cubanos con I-220A son temas que siguen en movimiento. Mantente informado en nuestra sección de Inmigración en EE.UU., donde cubrimos todo lo que necesitas saber sobre procesos migratorios, deportaciones y derechos de los inmigrantes.
Según la queja, ICE comenzó a usar esa oficina —diseñada para registro y procesamiento administrativo, no como centro de detención— para retenciones nocturnas desde octubre de 2025, con estancias que en algunos casos superaron los 27 días, pese a que la normativa interna de la agencia limita esas retenciones a 12 horas.
Las condiciones denunciadas son graves: hacinamiento extremo, detenidos obligados a dormir en suelos de concreto o encima unos de otros, inodoros expuestos, escasez de comida y medicamentos, y llamadas telefónicas breves o vigiladas que impiden el acceso confidencial a abogados.
Uno de los testimonios más crudos es el de Álvaro Arvelo García, quien declaró bajo juramento que pasó sus primeros tres días en un garaje con unos 200 hombres sin baño ni ropa de cama, y que luego fue trasladado a una sala tan abarrotada que algunos hombres dormían junto a los inodoros o dentro de un lavabo.
La queja también documenta el caso de dos hermanas —una con diabetes y otra con ansiedad— a quienes agentes de ICE dijeron que «si quieren sus medicamentos, deben firmar su deportación». Ambas fueron deportadas a Nicaragua.
«Las oficinas de supervisión del DHS deben intervenir ahora», declaró A.J. Hernandez Anderson, subdirector legal de Justicia para Inmigrantes del SPLC. «Nadie debería verse obligado a soportar las condiciones espantosas y los malos tratos que han sufrido las personas detenidas en Miramar, en violación de las propias normas de ICE. No son incidentes aislados; son un patrón que debe terminar hoy».
Jennifer Smith, abogada sénior de litigación de Americans for Immigrant Justice, subrayó el problema del acceso a representación legal: «Las personas que enfrentan decisiones migratorias trascendentales necesitan una oportunidad real de entender sus opciones y hablar en privado con un abogado. Los reportes de llamadas limitadas o monitoreadas en Miramar generan serias dudas sobre si las personas pueden proteger sus derechos mientras están bajo custodia».
ICE, a través del oficial Ángel Cata, negó las acusaciones en una declaración jurada, asegurando que los detenidos reciben camas, comida, agua, suministros de higiene y acceso a abogados, y que los agentes no presionan a nadie para firmar formularios de salida voluntaria.
Para la comunidad cubana en el sur de Florida, Miramar es el principal punto de check-in para quienes tienen el formulario I-220A, y la ansiedad en torno a esas citas no ha hecho más que crecer.
Este martes, el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito emitió un fallo vinculante que determina que el I-220A no equivale al parole exigido por la Ley de Ajuste Cubano para solicitar la residencia permanente, complicando aún más la situación legal de miles de cubanos.
Expertos en inmigración recomiendan a quienes tengan cita en Miramar acudir acompañados de un abogado o con un contacto localizable, llevar documentos y medicamentos, y avisar a familiares antes de entrar a la instalación.
La queja administrativa no equivale a una investigación ya abierta: es una petición formal que los organismos de supervisión pueden aceptar o rechazar.
El próximo paso judicial en el caso Salmeron será este jueves, cuando la jueza Bloom escuche los argumentos sobre la medida cautelar preliminar que busca prohibir a ICE retener a personas en Miramar por más de 12 horas sin garantizar condiciones mínimas de atención.
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