Revés judicial para cubanos con I-220A: tribunal determina que el documento no equivale a un parole

Cubanos con I-220A © CiberCuba
Cubanos con I-220A Foto © CiberCuba

El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos emitió este martes un fallo que supone un duro revés para los cubanos que esperaban equiparar el formulario I-220A con un parole, según reportó el periodista Alexis Boentes, de Telemundo 51. El tribunal determinó que ese documento no constituye, por sí solo, un parole válido para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

La decisión, recogida en una opinión de 16 páginas identificada como el caso Aguiar-Fernandez v. U.S. Attorney General (expediente 24-12318), surge de la petición de una familia cubana —Yoan Aguiar-Fernandez, su esposa Yenisley Gonzalez-Sanabria y su hija— que cruzó la frontera con México en 2021, fue detenida por la Patrulla Fronteriza y luego liberada con un I-220A.

Los jueces concluyeron que la liberación bajo la sección 1226 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad es jurídicamente distinta del parole humanitario contemplado en la sección 212(d)(5)(A), que es precisamente el requisito que exige la Ley de Ajuste Cubano para solicitar la residencia permanente.

Este fallo vinculante sobre el I-220A y la Ley de Ajuste Cubano podría afectar el futuro migratorio de cientos de miles de cubanos en EE.UU. Sigue de cerca estos y otros desarrollos en nuestra sección de Inmigración en EE.UU.

Al tratarse de una opinión publicada, el fallo establece un precedente vinculante para todos los tribunales federales de Florida, Georgia y Alabama en las cuestiones jurídicas que resuelve.

El I-220A es una orden de liberación bajo supervisión emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que permite a los migrantes esperar en libertad el desarrollo de su proceso migratorio, pero no les otorga estatus migratorio ni abre por sí sola la puerta a la residencia por la Ley de Ajuste.

El nuevo precedente llega en un momento crítico para la demanda colectiva Bello-Rubio v. Noem, que se tramita ante la jueza federal Jacqueline Becerra en el Distrito Sur de Florida y fue presentada por 992 cubanos.

Esa demanda busca que las circunstancias bajo las cuales numerosos cubanos fueron procesados y liberados en la frontera sean reconocidas jurídicamente como un parole, lo que les permitiría solicitar la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano. Sus impulsores estiman que una decisión favorable podría beneficiar a entre 500,000 y 600,000 cubanos en situación similar.

Sin embargo, el fallo de este martes no desestima automáticamente esa demanda colectiva ni implica que todos los cubanos con I-220A tengan una orden de deportación. El alcance real del precedente sobre el litigio dependerá de los argumentos pendientes y de las decisiones que adopte la jueza Becerra.

La jueza Becerra ya rechazó en septiembre el primer intento del Gobierno federal de desestimar el caso, determinando que tiene jurisdicción para revisar los asuntos fundamentales del litigio. En octubre, el Gobierno presentó una segunda moción de desestimación, a la que los demandantes respondieron el 23 de ese mes.

Este fallo no es el primero en trazar esa línea divisoria. La Junta de Apelaciones de Inmigración ya había establecido en septiembre de 2023, en el caso Matter of Cabrera-Fernández, que la liberación bajo la sección 236 de la ley migratoria es «legalmente distinta» del parole humanitario, criterio que reafirmó en junio de 2025. Lo que cambia ahora es que el Undécimo Circuito lo convierte en precedente vinculante.

El contexto es especialmente delicado: los arrestos migratorios de cubanos aumentaron un 463 % durante el primer año del segundo mandato de Trump, hasta un promedio de 1,008 al mes, según un análisis del Instituto Cato.

El abogado Mark Prada, representante de los demandantes en Bello-Rubio v. Noem, había advertido previamente que incluso una victoria judicial no protegería automáticamente a todos los afectados de una deportación ni les concedería directamente la residencia.

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