
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha ordenado a sus consulados en el exterior habilitar una segunda urna para recoger las papeletas de los ciudadanos nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática —conocida como «ley de nietos»— a quienes el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el derecho al voto para las elecciones generales del 29 de noviembre.
La instrucción, revelada en exclusiva por The Objective a partir de un documento interno del Consulado General de España en Buenos Aires, ha encendido una nueva polémica entre el Gobierno y el alto tribunal.
El documento, titulado «Voto en urna», detalla el procedimiento que deben seguir los funcionarios cuando uno de los afectados se presente a votar: el sistema informático no reconocerá su inscripción en el censo, por lo que el trabajador deberá dirigirlo a una mesa específica denominada «Mesa LMD Autos TS» —siglas de Ley de Memoria Democrática y autos del Tribunal Supremo—. Las instrucciones establecen expresamente que el «sobre de votación se introduce en caja LMD», es decir, en una segunda urna habilitada exclusivamente para este colectivo.
El Supremo había previsto que la documentación de los afectados se conservara de forma separada, pero no ordenó instalar una segunda urna. Esa diferencia es precisamente lo que ha generado malestar entre los propios funcionarios consulares, que temen que las papeletas de ambas urnas puedan mezclarse o intercambiarse durante el proceso.
Según elDiario.es, esas papeletas viajarán a España de forma diferenciada por valija diplomática y quedará constancia en el acta consular, pero no se escrutarán salvo que el Supremo resuelva otra cosa en los días previos al 29N.
La suspensión afecta a 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española a través del Anexo I de la instrucción firmada por Sofía Puente en octubre de 2022, que amplió los criterios de la ley sin exigir prueba individualizada del exilio político. De ese total, solo 901 cuentan con una certificación que acredita la condición de exiliado de su ascendiente y, por tanto, sí pueden votar. Los hijos mayores de edad de esos nacionalizados —Anexo III, unos 189.678 electores— sí tienen derecho al sufragio tras la confirmación del Supremo la víspera.
El alto tribunal rechazó el recurso de la Abogacía del Estado que pedía levantar la suspensión, argumentando que «el interés general prevalece sobre el derecho individual de voto». El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, calificó de «discutible» esa decisión. Por su parte, Santiago Abascal anunció en un mitin en Sevilla querellas por presunta desobediencia contra el ministro de Exteriores José Manuel Albares, contra Bolaños y contra los cónsules que instalen la segunda urna.
El ángulo cubano es relevante: Cuba es el quinto país del mundo en número de electores del censo electoral de residentes ausentes (CERA) para el 29N, con 169.290 inscritos, casi todos hispanocubanos. El voto en urna en el Consulado General de España en La Habana —ubicado en el Palacio de Velasco, en La Habana Vieja— arrancó precisamente este sábado y se extenderá hasta el jueves 26, en horario de 9:00 a 17:00. El voto por correo tiene plazo hasta el martes 24.
Un cubano-español nacionalizado directamente por la Ley de Nietos (Anexo I) que acuda al consulado de La Habana puede entregar su sobre, pero este no contará salvo que el Supremo modifique su posición o el interesado aporte certificación de exilio. Su hijo, también nacionalizado por la misma norma pero a través del Anexo III, sí puede depositar su voto con plena validez. Conviene precisar que la suspensión no anula la nacionalidad española ni revoca los pasaportes ya expedidos: solo restringe provisionalmente el sufragio desde el exterior.
No existe confirmación pública de que el consulado de La Habana haya recibido las mismas directrices que el de Buenos Aires, aunque El País señala que el protocolo se aplica en consulados de Latinoamérica en general.
En las elecciones generales de julio de 2023, apenas 1.184 personas votaron presencialmente desde Cuba de un censo de más de 152.000 inscritos, una participación inferior al 0,8%, reflejo de las enormes dificultades logísticas que enfrentan los hispanocubanos para desplazarse hasta el consulado en La Habana.
Vídeos relacionados:
Archivado en: