El Tribunal Supremo reabrió este miércoles el debate sobre el derecho al voto de los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad española por la llamada ley de nietos, al admitir un nuevo recurso de Iustitia Europa contra su propio auto del lunes 9 de noviembre, que había rechazado suspender cautelarmente ese voto.
La decisión deja en vilo a unos 189.678 electores inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), entre ellos miles de cubanos, a solo 17 días de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, mediante una providencia firmada por el magistrado ponente Antonio Narváez Rodríguez, abrió un plazo extraordinario e improrrogable para que las partes presenten alegaciones: hasta el domingo 15 de noviembre a las 15:00 horas. El tribunal no fijó fecha para resolver el fondo del asunto.
Admitir el recurso no equivale a suspender el voto. La Sala únicamente reabre el examen de la petición de ampliar las medidas cautelares a los hijos de los nacionalizados, sin que eso implique que vaya a cambiar su criterio anterior.
El colectivo en cuestión son los hijos e hijas mayores de edad de quienes accedieron a la nacionalidad española al amparo de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, inscritos en el CERA mediante el apartado 1.b) de esa misma disposición.
Cuba es uno de los países con mayor número de beneficiarios de esta norma: se estima que más de 350.000 cubanos iniciaron trámites desde octubre de 2022, y el Consulado General de España en La Habana recibió más de 107.000 solicitudes hasta el primer semestre de 2025.
La organización Iustitia Europa, presidida por el abogado Luis María Pardo, presentó el recurso de reposición el martes 10 de noviembre —un día después del auto que rechazó la suspensión— argumentando que la participación de ese colectivo podría influir en el resultado electoral e incluso en la distribución de escaños.
Como alternativa a la suspensión total, propuso que los votos de esos electores fueran recibidos por separado, custodiados y excluidos del escrutinio hasta verificar individualmente la filiación y la vía de nacionalización de sus progenitores. El Supremo respondió en menos de 24 horas.
Esta es la tercera decisión judicial en tres días sobre el mismo asunto. El lunes 9 de noviembre, seis magistrados rechazaron ampliar la suspensión a los hijos, aunque el auto incluyó un voto particular discrepante del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo.
El Supremo argumentó entonces que la petición llegaba «transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña», lo que resultaba «contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral».
La Abogacía del Estado también se había opuesto, advirtiendo de que identificar individualmente a los afectados sería de «imposible cumplimiento» y causaría una «grave alteración logística y un colapso procesal» en las oficinas consulares.
Los progenitores —unos 162.454 nacionalizados por la ley de nietos— ya tienen el voto exterior suspendido desde el 10 de septiembre de 2026, salvo 901 que acreditaron su condición de descendientes de exiliados. Sus hijos, la llamada segunda generación, son quienes ahora quedan pendientes de una nueva resolución.
Es importante precisar que la suspensión cautelar no anula la nacionalidad española ni revoca los pasaportes ya expedidos: afecta exclusivamente al voto desde el exterior a través del CERA. Los cubanos con nacionalidad española que residen y están empadronados en España pueden votar el 29-N sin ninguna restricción. El depósito presencial del voto en los consulados está previsto entre el 21 y el 26 de noviembre.
«A dieciocho días de las elecciones, la batalla por determinar qué efectos electorales deben quedar suspendidos sigue abierta. Y el Supremo ha puesto a las partes un plazo excepcional para pronunciarse: hasta el domingo a las tres de la tarde», resumió El Debate.
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