
El régimen cubano ha entregado 131.000 hectáreas de tierra agropecuaria a productores y empresas privadas en el marco de la Ley 185 de Tierra Agropecuaria y Forestal, vigente desde el 17 de septiembre de 2026, según informó el oficialista Granma.
Raúl Placencia Quintero, director de Tierra del Ministerio de Agricultura, precisó que se han registrado 5.333 solicitudes equivalentes a 137.500 hectáreas, y que cerca de 4.000 personas —aproximadamente el 75% de los solicitantes— ya trabajan la tierra bajo la nueva norma.
El funcionario señaló que entre los beneficiarios hay personas que «ya poseían tierra para trabajar y ahora amplían sus áreas», dado que la legislación no establece límite de cantidad ni de tiempo: los términos se coordinan en contrato entre la empresa estatal y el solicitante.
En el sector empresarial privado, el régimen afirmó haber recibido 29 solicitudes de mipymes bajo esta ley, que abre tierras estatales ociosas a empresas privadas por primera vez de forma amplia.
Asimismo, 88 cooperativas de producción agropecuaria «ya han entregado tierra» y otras 59 están en proceso.
Villa Clara encabeza el listado de provincias con más solicitudes, seguida por Santiago de Cuba y Camagüey.
La Ley 185, aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de julio de 2026, es la reforma agraria más amplia desde 1959: unifica más de 25 disposiciones jurídicas dispersas, elimina límites de superficie para proyectos empresariales y permite que cubanos residentes en el exterior, extranjeros y empresas mixtas o foráneas con actividad en el país también soliciten tierra.
La norma además autoriza construir vivienda en la finca y legalizarla en propiedad a los cinco años, y permite vender, testar, donar o ceder la tierra. Sin embargo, la propiedad socialista del Estado sobre el suelo se mantiene; lo que se transfiere es el usufructo.
La reforma llega en medio de una crisis alimentaria de proporciones históricas. Cuba importa entre el 70% y el 80% de los alimentos que consume, con un costo anual cercano a 2.000 millones de dólares. La producción de arroz se desplomó de 304.000 toneladas en 2018 a entre 79.000 y 111.000 toneladas en 2025, frente a una demanda estimada de 600.000 toneladas. Entre 2018 y 2023, la producción porcina cayó un 95% y la de frijoles un 70%.
Una encuesta de 2025 reveló que el 33,9% de los hogares cubanos reportó que al menos una persona se fue a dormir sin comer, y el Food Monitor Program estimó que el 96,91% de la población carecía de acceso adecuado a alimentos en mayo de 2026.
En 2021, las propias autoridades reconocieron que cerca del 49% de los 6,4 millones de hectáreas de tierras agrícolas del país estaba sin cultivar, con el marabú cubriendo entre 1,1 y 1,7 millones de hectáreas. Reformas anteriores —los decretos-leyes de 2008, 2012 y 2018— no lograron revertir ese deterioro.
Placencia Quintero reconoció que el desafío pendiente es que «haya más personas que lleguen al campo y produzcan para que el pueblo pueda tener el beneficio». El viceministro de Agricultura Telce González advirtió en octubre que no puede precisar cuándo mejorará el abastecimiento, aunque estimó que cultivos de ciclo corto podrían mostrar resultados «en algunos meses».
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