El nuevo presidente de Estados Unidos tiene claros sus objetivos y parece no querer tolerar ninguna voz que ponga en duda sus planes.
Así, el magnate ha decidido destituir a la Fiscal General de Estados Unidos, Sally Yates, quien cuestionó su política inmigratoria y el veto a refugiados procedentes de algunos países musulmanes.
La fiscal había enviado una carta a los abogados en la que señaló: "Mientras siga como fiscal general en funciones, el Departamento de Justicia no presentará argumentos en defensa de la orden ejecutiva, a menos y hasta que esté convencida de que sería apropiado hacerlo".
"No estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea consecuente con estas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal", añadió.
Yates, quien había sido nombrada por Barack Obama, se encontraba a la espera de ser sustituida por el republicano Jeff Sessions. Sin embargo, antes de ser relevada, Trump ha decidido relegarla de su cargo.
En un comunicado, la Casa Blanca ha acusado a Yates de "traicionar" al Departamento de Justicia. Además ha añadido que "Imponer un escrutinio más duro a individuos que viajan desde siete países peligrosos no es extremo. Es algo razonable y necesario para proteger a nuestro país".
La fiscal general ha sido calificada "débil" en lo que se refiere a seguridad fronteriza y "muy débil" frente a la inmigración ilegal.
Spicer, por su parte, ha asegurado en Twitter que Dana Boente, la fiscal del distrito este de Virgina, será la nueva Fiscal General en funciones.
Pero no ha sido solo Yates quien se ha opuesto al veto inmigratorio de Trump; también los senadores demócratas han organizado protestas e intentarán por la vía legal revocar la cuestionable medida del mandatario estadounidense.
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