En plena crisis económica y con los servicios públicos al borde del colapso, el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, volvió a apelar a la disciplina interna como receta para frenar el auge de delitos e irregularidades dentro del aparato estatal.
Durante una reciente reunión del Departamento de Prevención y Enfrentamiento al Delito del Consejo de Ministros, Marrero pidió "elevar la exigencia de los cuadros" y reforzar la "cultura de autocontrol" en las entidades empresariales y presupuestadas, mientras reconocía un dato alarmante, que en 2024 se detectaron más de 7,700 infracciones durante acciones de control en todo el país.
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La reunión, que también contó con la presencia del vicepresidente Salvador Valdés Mesa, giró en torno a una verdad incómoda y es aquella que plantea que el descontrol, la negligencia organizativa y la complicidad interna son elementos claves en la mayoría de los delitos detectados.
Del total de infracciones, el 56% estuvo vinculado a fallos atribuibles a la gestión interna, es decir, problemas en la organización, dirección y supervisión de las entidades, dijo Darío Delgado Cura, jefe del mencionado Departamento.
“El delito muchas veces se comete porque el de adentro se confabula con el de afuera, o porque el sistema tiene vulnerabilidades que son aprovechadas”, reconoció Delgado Cura. Una admisión que pone en entredicho la efectividad del tan proclamado control revolucionario.
El jefe de gobierno insistió en que los organismos deben diseñar planes de seguridad y protección “a la altura de los momentos que estamos viviendo”, en referencia a la situación crítica del país. Sin embargo, el llamado a más controles y planes contrasta con un sistema que, año tras año, evidencia profundas grietas estructurales.
Las evaluaciones revelaron inobservancia de principios básicos de seguridad, resquebrajamiento del control interno, y graves fallos en la implementación de la Guardia Obrera. Todo esto, en un contexto donde la escasez y el malestar social hacen cada vez más vulnerables los recursos estatales.
Durante el encuentro, representantes del Ministerio de Energía y Minas presentaron cifras preocupantes sobre el incremento de hechos extraordinarios vinculados al robo de combustibles, especialmente en servicentros de Cimex y en puntos de venta de cilindros de gas licuado de Cupet.
La venta ilícita de estos recursos —cada vez más escasos para la población— se ha convertido en un negocio floreciente, ante la mirada cómplice o indiferente de quienes deberían prevenirlo.
Marrero reconoció que se necesita “más rigor y sistematicidad” para detectar estas violaciones y reducir las vulnerabilidades en los sistemas de control, aunque no hubo mención a responsables sancionados, medidas concretas o resultados efectivos de prevención.
Mientras los principales dirigentes insisten en la necesidad de "autocontrol", "exigencia" y "conciencia", los delitos y las pérdidas de recursos estatales siguen acumulándose sin que se resuelvan las causas estructurales del problema: salarios miserables, falta de incentivos, corrupción institucionalizada y un sistema que premia la obediencia más que la eficiencia.
La narrativa oficial se mantiene. Los cuadros deben ser más exigentes, los trabajadores más conscientes, y los recursos del pueblo deben ser protegidos. Pero en un país donde cada vez hay menos que proteger y más que sobrevivir, la cultura del control parece más un gesto simbólico que una solución real.
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