El gobierno cubano informó el miércoles que ha "perfeccionado" su estrategia económica con el objetivo de revertir la crisis que afecta al país, aunque sin ofrecer detalles concretos sobre nuevas medidas o plazos de implementación.
La información fue difundida por medios oficiales tras una reunión del Consejo de Estado, encabezada por su titular Esteban Lazo Hernández y con la presencia del gobernante, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, así como del primer ministro Manuel Marrero Cruz.
Según la televisión estatal, durante la reunión, se evaluó el cumplimiento e impacto de las medidas del programa de gobierno para "corregir distorsiones y reimpulsar la economía", una idea anunciada por el gobierno a inicios de 2024 y mantenida durante el presente año.
El primer ministro cubano informó sobre la marcha de las acciones desarrolladas en cada uno de los objetivos del programa, destacando avances en la estabilización macroeconómica, el incremento y diversificación de ingresos en divisas al país y el fortalecimiento de la producción nacional, con énfasis en los alimentos.
No obstante, la realidad que enfrenta la población dista mucho del discurso oficial: la inflación sigue fuera de control, la escasez de productos básicos empeora y la dolarización parcial de la economía continúa afectando a la mayoría de los cubanos, que no tienen acceso a las divisas.
Además, enfatizó que el plan ha sido perfeccionado con "enfoque de ciencia", estableciendo un sistema de trabajo con cronogramas, objetivos, proyecciones, acciones, indicadores y metas concretas. Asimismo, se han sistematizado encuentros con gobernadores para fortalecer el desarrollo territorial, señaló.
Sin embargo, hasta el momento, no se han presentado pruebas precisas de que estas estrategias generen un impacto positivo en la calidad de vida de la población. Las promesas de desarrollo territorial y fortalecimiento del sector productivo contrastan con la falta de insumos, las dificultades del sector privado y el colapso de la infraestructura estatal.
Este programa, anunciado por el régimen en 2023 y ajustado en varias ocasiones, ha sido duramente criticado por expertos que lo consideran una estrategia fallida para postergar las verdaderas reformas estructurales que necesita el país.
En 2024, el reajuste se hizo en medio de la incertidumbre social y el estado de opinión negativo en la mayoría de la población por el paquete de medidas que trajo una subida de precios e impuestos a servicios básicos como el agua, el gas, el transporte y la energía, entre otros.
Para su primera etapa, este año, se plantearon objetivos como la actualización de tarifas eléctricas para incentivar el ahorro energético, el establecimiento de precios minoristas máximos para productos básicos como arroz y frijoles de producción nacional, y la implementación de tarjetas prepagas para la compra de combustibles por parte de personas jurídicas.
Mientras tanto, la población sigue enfrentando una crisis que se agrava día a día, con un futuro económico cada vez más incierto. Con apagones constantes, desabastecimiento y salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas, estos anuncios siguen siendo percibidos como un intento más de prolongar un modelo económico fallido que sigue ahogando al país.
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