El régimen cubano anunció este lunes su intención de "perfeccionar" la política social y realizar un estudio integral para revisar las políticas salariales del sector estatal, en un intento por responder a la profunda crisis social que atraviesa el país.
Las medidas, presentadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, incluyen la creación de nuevas estructuras para gestionar la atención a sectores vulnerables y supuestos incentivos para retener a los trabajadores en el sector público.
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Sin embargo, el contexto actual, caracterizado por la precariedad, la pobreza creciente y el deterioro institucional, plantea serias dudas sobre la viabilidad y el impacto real de estas iniciativas.
Nuevas comisiones y promesas de reorganización
La propuesta oficial contempla la creación de Comisiones de atención a las políticas sociales en los niveles nacional, provincial y municipal, con el objetivo de coordinar de manera “integrada” la implementación de medidas sociales.
Según el discurso gubernamental, se pretende "garantizar la protección a personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad", mejorar la implementación de los programas y “fortalecer el orden, la disciplina y la tranquilidad ciudadana”.
En paralelo, se anunció la redistribución del fondo de salario entre unidades presupuestadas para “incentivar la permanencia de los trabajadores en el sector presupuestado”.
Esto, sin embargo, se hace sin aumentar los fondos disponibles, sino redistribuyendo los que no fueron ejecutados en otras dependencias, lo que ha generado críticas por su carácter paliativo y limitado.
Eliminación institucional y delegación a “nuevos actores”
El anuncio se da tras la disolución en 2024 del Instituto Nacional de Seguridad Social, una entidad clave en el diseño e implementación de políticas sociales en la isla. Esta decisión dejó un vacío importante en la gestión institucional, que hasta hoy no ha sido cubierto de manera efectiva.
A ello se suma el nuevo enfoque del gobierno de implicar a “nuevos actores”, incluyendo actores privados y cooperativos, en la ejecución de programas sociales.
Aunque se presenta como un intento de dinamizar el sector, esta medida levanta interrogantes sobre el papel del Estado como garante de derechos sociales, y abre la puerta a un modelo donde la asistencia a los más vulnerables podría depender de iniciativas con fines de lucro o de alcance limitado.
Proyecto de nuevo Código de Trabajo y clima laboral adverso
El régimen también ha informado que está trabajando en un nuevo Código de Trabajo, que podría redefinir las relaciones laborales en el país.
Sin embargo, hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre el contenido de este documento, ni se han establecido mecanismos participativos que involucren a sindicatos independientes o trabajadores en su elaboración.
La expectativa de cambios legales se produce en medio de un clima laboral marcado por el descontento y la emigración, donde cada vez más cubanos optan por abandonar el sector público ante los bajos salarios, la sobrecarga laboral y la falta de estímulos reales.
Salarios estatales y pérdida de poder adquisitivo
Uno de los aspectos más sensibles del anuncio oficial es el referido a los salarios del sector estatal, donde el propio gobierno reconoció la existencia de “distorsiones” que requieren una revisión profunda.
La promesa de un estudio integral para actualizar las políticas salariales llega tarde y en un contexto donde el poder adquisitivo de los trabajadores estatales está por el suelo.
Ejemplos como el de los médicos –con salarios que no alcanzan para cubrir siquiera los productos más básicos del mercado informal o en divisas– son una muestra evidente del colapso económico del sector presupuestado.
La situación se repite en la educación, la administración pública, la cultura y otras áreas estratégicas del país, donde miles de profesionales apenas sobreviven, sin posibilidad de progreso ni ahorro.
Aunque en marzo se fijó un nuevo tipo de cambio oficial que impacta directamente en los salarios y su relación con las divisas, este cambio aún no se ha traducido en mejoras reales para los trabajadores.
Crisis demográfica y presión sobre la seguridad social
Cuba enfrenta una de las crisis demográficas más severas del continente, con una población cada vez más envejecida y una baja tasa de natalidad. Los adultos mayores son el único grupo poblacional en crecimiento, lo que incrementa la presión sobre un sistema de seguridad social debilitado y sin fondos suficientes.
En este contexto, miles de jubilados viven con pensiones que resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, y en ocasiones, se ven obligados a reincorporarse al trabajo para sobrevivir.
Vulnerabilidad estructural y desprotección social
En los últimos años, se ha hecho cada vez más visible el deterioro de las condiciones de vida de sectores vulnerables en Cuba, marcado por la falta de acceso a servicios básicos, carencias materiales extremas y una alarmante ausencia de mecanismos eficaces de protección social.
Casos de indigencia, abandono y necesidades no atendidas por parte del Estado se han vuelto recurrentes en todo el país, reflejando una crisis estructural que afecta especialmente a personas en situación de discapacidad, ancianos y familias en extrema pobreza.
A pesar de las numerosas promesas oficiales, los datos y testimonios muestran un panorama de desprotección sistémica y una incapacidad institucional para atender las necesidades más urgentes de la población.
Conclusión: promesas repetidas en un país en crisis
El anuncio del régimen de “perfeccionar” las políticas sociales y revisar los salarios estatales llega en un contexto de profunda crisis económica, institucional y moral. Las reformas propuestas hasta ahora carecen de profundidad y no ofrecen soluciones estructurales.
Sin un rediseño integral del modelo económico y sin voluntad política real, los sectores más vulnerables seguirán cargando con el peso de un sistema que no les garantiza derechos ni oportunidades.
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