Vídeos relacionados:
La tensión entre el Poder Judicial y la Administración del presidente Donald Trump ha escalado a un nuevo nivel con el inicio formal del proceso para declarar a su gobierno en desacato judicial, tras ignorar una orden que prohibía la deportación de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, hacia una megacárcel en El Salvador.
El juez federal James E. Boasberg, del distrito de Washington, determinó que hay “causa probable” para considerar que el gobierno de Trump violó su orden emitida el 15 de marzo, la cual prohibía la deportación de migrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación del siglo XVIII históricamente reservada para tiempos de guerra.
Lo más leído hoy:
Boasberg denunció en un documento de 46 páginas -citado por la prensa estadounidense- que la administración mostró una “ignorancia deliberada” al ejecutar las deportaciones incluso después de que la orden había sido comunicada.
“La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, escribió el juez.
En sus declaraciones, Boasberg fue claro: “El Tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni precipitadamente; de hecho, ha dado a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”.
Los vuelos y la cárcel de El Salvador
El 15 de marzo, mientras la orden estaba en proceso de comunicación, dos vuelos con más de 200 migrantes partieron de Estados Unidos hacia El Salvador, vía Honduras.
Los deportados, en su mayoría venezolanos y salvadoreños, fueron acusados sin proceso judicial de pertenecer a bandas criminales como MS-13 y Tren de Aragua, y posteriormente internados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la polémica mega-cárcel de máxima seguridad impulsada por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Boasberg afirmó que la forma más efectiva de que la administración purgue el probable desacato sería que los migrantes deportados “puedan acogerse a su derecho a impugnar su expulsión”, incluso sin necesidad de ser retornados físicamente a EE.UU.
Secreto de Estado y obstrucción del proceso
La Casa Blanca negó haber incumplido la orden del juez.
Sin embargo, la secretaria de prensa Karoline Leavitt reconoció que el vuelo pudo haberse efectuado antes de la resolución escrita, aunque no proporcionó la hora exacta de despegue, lo que alimentó las sospechas del tribunal.
Ante la solicitud de Boasberg de entregar los detalles del vuelo, el Gobierno se acogió al privilegio de secreto de Estado, impidiendo así la transparencia y dificultando el seguimiento judicial.
En palabras del juez, “la Administración podría ‘purgar’ su desacato devolviendo a la custodia de EE.UU. a quienes fueron enviados a la prisión de El Salvador”.
Si el Departamento de Justicia se niega a proceder, el juez nombrará a un abogado independiente para enjuiciar el caso.
Una crisis constitucional en ciernes
El caso representa un punto crítico en la historia contemporánea de Estados Unidos.
Tal como señala el juez, “la Constitución no tolera la desobediencia voluntaria de órdenes judiciales, especialmente por cargos de una rama coordinada que han hecho un juramento de respetarla”.
Las implicaciones de que un tribunal federal declare formalmente en desacato a una administración presidencial podrían desencadenar una crisis institucional sin precedentes.
Como lo expresó Boasberg, se enfrenta a una situación en la que “una rama del gobierno ignora deliberadamente las instrucciones de otra”, lo que implica una ruptura del equilibrio constitucional.
El papel de Bukele y el mensaje desafiante
La situación se tornó aún más controvertida cuando el presidente salvadoreño Nayib Bukele publicó un mensaje desafiante en redes sociales junto a un video de los migrantes ingresando a la prisión: “Ups. Demasiado tarde”.
Este gesto fue percibido como una afrenta directa tanto a la justicia estadounidense como al orden internacional.
El caso de Kilmar Armando Abrego García
Entre los deportados figura Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño que fue retornado supuestamente por “un error administrativo”.
El gobierno estadounidense lo acusa de ser un “terrorista”, aunque hasta ahora no ha presentado pruebas públicas que sustenten esa acusación.
El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que determinó que Abrego García tenía derecho a impugnar su expulsión.
No obstante, la administración Trump insiste en que su destino ya está en manos de Bukele, quien durante una visita reciente a Washington se negó a devolverlo a EE.UU.
Respaldo parcial del Supremo, pero con advertencias
Aunque recientemente el Tribunal Supremo autorizó al gobierno a reanudar las deportaciones amparadas en la Ley de Enemigos Extranjeros, lo hizo por un tecnicismo jurídico: la demanda, según dictaminó el alto tribunal, debía haberse presentado en Texas y no en Washington.
Sin embargo, el fallo también recordó que los migrantes tienen derecho a una vista judicial previa a su deportación, un paso que no fue respetado.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, incluso tuvo que emitir una declaración pública inusual para recordarle a Trump cómo funciona el sistema judicial tras sus ataques verbales contra el juez Boasberg y sus intentos por destituirlo mediante juicio político.
Medios estadounidenses advierten que la batalla legal entre el juez James Boasberg y la administración Trump es mucho más que un caso judicial: es un campo de prueba para los límites del poder ejecutivo, el respeto al Estado de derecho, y los derechos humanos de los migrantes.
Boasberg ha dado al gobierno una semana para rendir cuentas bajo juramento o presentar un remedio efectivo. De no hacerlo, el desacato se formalizará y podría tener consecuencias históricas.
Archivado en:
