Huber Argueta, un ciudadano guatemalteco deportado abruptamente desde Estados Unidos el pasado 19 de marzo, ha interpuesto una demanda contra el gobierno de EE.UU. ante una corte federal, alegando que su expulsión violó procesos legales fundamentales.
Argueta llegó a EE.UU. en 2007 y, tras formar una familia con su esposa, ciudadana estadounidense, inició un proceso para regularizar su estatus migratorio, declaró a Telemundo 51.
En 2021, recibió un perdón federal, quedando a la espera de una cita consular para obtener una visa de inmigrante por matrimonio.
Tres años después, el 26 de enero de 2024, fue detenido por un caso de conducción bajo influencia del alcohol (DUI). En esa ocasión una orden de arresto fue emitida por error, a pesar de que Argueta contaba con una defensa legal.
Posteriormente fue anulada, aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procedió con su detención de todas maneras.
El 10 de marzo de este año, Argueta fue arrestado nuevamente, sin posibilidad de contactar a su abogado o familia, y trasladado al centro de detención de Krome, en Florida.
Según su abogada, Alexandra Friz García, Argueta tenía una audiencia de fianza migratoria programada para el 19 de marzo; sin embargo, ese mismo día ya había sido deportado a Guatemala sin audiencia judicial ni explicación.
Según detalla la declaración realizada ante la corte, el guatemalteco nunca firmó una solicitud de deportación voluntaria. “ICE no podía hacer eso sin la orden de un juez”, dijo la abogada.
“No me dejaron hacer nada… sólo me llevaron al avión”, dijo desde Guatemala a Telemundo 51.
La demanda presentada en la corte federal del distrito sur de Florida busca que Argueta sea traído de vuelta a EE.UU. para continuar con su proceso legal y plantea la posibilidad de una acción colectiva, al sospechar que casos similares han ocurrido.
“Nuestra teoría es que este no es un caso aislado”, afirma la abogada Friz.
Actualmente, Argueta permanece en Guatemala, separado de su esposa e hijas, quienes residen en Miami.
Un caso similar y aún más grave le ocurrió a Kilmar Ábrego García, salvadoreño residente en Maryland desde 2011, quien fue deportado por error a El Salvador pese a contar con protección legal desde 2019 por riesgo de violencia.
El 12 de marzo, ICE lo arrestó por un supuesto cambio de estatus migratorio, sin notificación que tenía suspensión de deportación vigente. En cuestión de días fue enviado como suplente en un vuelo de deportación.
Una vez en su país, fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión masiva promovida por Nayib Bukele.
Aunque la administración Trump reconoció el “error administrativo”, sus abogados afirman que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción para ordenar su regreso porque se encuentra bajo custodia extranjera.
Su familia solo pudo identificarlo en imágenes difundidas en redes sociales, donde aparece entre presuntos pandilleros, escoltado por guardias encapuchados.
La defensa sostiene que la supuesta pertenencia de Ábrego a la MS-13 no tiene respaldo legal firme, y que la deportación fue una maniobra para evitar la revisión judicial.
El abogado Simon Sandoval-Moshenberg calificó la situación como una burla al sistema legal. “Si el tribunal no puede protegerlo, las leyes migratorias no tienen sentido”, señaló.
Ambos casos reflejan una tendencia preocupante en las políticas migratorias de Estados Unidos, donde las deportaciones expeditas sin garantías procesales, incluso en contextos donde existen vínculos familiares, protección legal o solicitudes en curso, están tomando auge.
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