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En un nuevo giro de política exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que crea la designación de “Estado patrocinador de detenciones ilegales”.
Con esta medida, su administración busca sancionar a gobiernos y entidades que retienen injustamente a ciudadanos estadounidenses en el extranjero, en lo que considera una peligrosa táctica de coerción geopolítica.
La orden ejecutiva, que fue reportada inicialmente por CBS News y confirmada por diversas fuentes oficiales, otorga al Departamento de Estado la facultad de etiquetar como "patrocinadores de detenciones arbitrarias" a aquellos países o entidades que usen el encarcelamiento de estadounidenses como estrategia política.
“El decreto permite al Gobierno acceder a herramientas punitivas similares a las que se utilizan contra países designados como patrocinadores estatales del terrorismo”, explicó un alto funcionario del gobierno a CNN.
“Es una ampliación del espectro contra quienes podemos usar esas herramientas. No tienes que estar financiando a Hamas, Hezbollah o al-Qaeda, simplemente puedes estar tratando de explotar injustamente a nuestros ciudadanos”, añadió.
Sanciones y restricciones de viaje
La inclusión en esta nueva lista negra podrá acarrear múltiples sanciones, entre ellas:
Lo más leído hoy:
-Restricciones de visado para ciudadanos de los países señalados.
-Controles de exportación y limitaciones comerciales.
-Suspensión de ayudas económicas y aranceles adicionales.
-Prohibiciones o limitaciones de viaje para ciudadanos estadounidenses, con posibles restricciones geográficas sobre dónde se puede usar el pasaporte.
“El objetivo es reducir el número de estadounidenses que eligen viajar a dichos países y alentar a sus líderes a liberar inmediatamente a los que se encuentren actualmente detenidos”, declaró un funcionario.
Actualmente, el Departamento de Estado ya impide viajar a Corea del Norte con un pasaporte estadounidense sin una autorización especial.
La administración de Trump estudia extender este tipo de restricciones a otras naciones con historial de detención injusta.
Países señalados y antecedentes
Aunque el Gobierno de EE. UU. no publica regularmente información sobre ciudadanos detenidos en el extranjero, la Fundación Foley -dedicada a la defensa de derechos humanos- documentó que al menos 54 estadounidenses fueron encarcelados arbitrariamente o retenidos como rehenes en 17 países durante 2024.
Entre ellos se encuentran Irán, Rusia, Corea del Norte, Venezuela y Nicaragua.
Uno de los casos más emblemáticos es el del exmarine Paul Whelan, liberado en 2024 tras más de cinco años preso en Rusia.
“La orden ejecutiva me parece un muy buen primer paso que ayudará a disuadir si es que sí lo aplican de manera correcta contra regímenes como el ruso y el chino”, declaró Whelan a NBC News.
También propuso que el Gobierno considere compensaciones económicas para los estadounidenses que hayan sido víctimas de estas detenciones, como el uso de fondos congelados de los países sancionados.
Inspiración en la ley Levinson y antecedentes de Biden
La iniciativa se basa en parte en la Ley Robert Levinson, aprobada durante el primer mandato de Trump.
Esta norma permite al Departamento de Estado calificar como “injusta” la detención de un estadounidense si existen indicios de manipulación judicial, falta de debido proceso, motivaciones políticas o coercitivas, o pruebas de inocencia ignoradas.
Robert Levinson, exagente del FBI y la DEA, fue secuestrado en Irán en 2007 y se presume que falleció en cautiverio.
Su hija, Sarah Levinson, agradeció públicamente la nueva medida, señalando: “Gracias al Sr. Trump, al secretario de Estado Marco Rubio, y al equipo que envía este poderoso mensaje para detener la toma de rehenes” (CBS News).
El expresidente Joe Biden, en 2022, ya había emitido una orden similar que declaraba como emergencia nacional la detención injusta de ciudadanos estadounidenses, lo que permitió imponer sanciones individuales y crear un indicador “D” en las alertas de viaje del Departamento de Estado.
Nicaragua, por ejemplo, ya enfrenta esta clasificación junto a países como Afganistán, Irán, Rusia, Venezuela y Corea del Norte.
Sin embargo, funcionarios de la actual administración de Trump subrayan que su orden va más allá.
“Estamos haciendo una demarcación muy clara, pintando una línea infranqueable en la arena”, dijo a NBC News un oficial de alto rango.
“A los estadounidenses no se les puede usar como fichas de canje”, añadió.
Crítica a Biden y balance de rehenes
En el anuncio oficial, la Casa Blanca destacó que, desde el inicio del segundo mandato de Trump, 72 estadounidenses detenidos en el extranjero han sido liberados, y criticó la gestión anterior, pues durante el mandato de Biden, 24 ciudadanos estadounidenses fueron capturados más que liberados.
“Las detenciones injustas son una afrenta al estado de derecho. Estados Unidos no tolerará estos ataques a nuestra soberanía ni a nuestros ciudadanos”, sentenció el comunicado.
Cambio simbólico en el Pentágono: Departamento de Guerra
En paralelo a esta orden, Trump firmó otro decreto que ha generado controversia simbólica e institucional: cambiar el nombre del Departamento de Defensa por “Departamento de Guerra”, una denominación que no se usaba desde la década de 1940.
Según Europa Press, el cambio, que aún debe ser ratificado por el Congreso, busca “proyectar fuerza y determinación”.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ya ha adoptado el nuevo título de “secretario de Guerra”, y está instruido para presentar las reformas legislativas necesarias.
Aunque no se ha publicado un cálculo oficial sobre los costos del cambio, analistas estiman que podría suponer hasta 1,000 millones de dólares, al implicar ajustes de uniformes, logotipos, sistemas digitales, señalética y documentos oficiales en toda la estructura militar federal.
Un mensaje de fuerza… ¿o de riesgo?
La combinación de estas órdenes ejecutivas marca un endurecimiento drástico de la política exterior de EE. UU. y una ofensiva simbólica que, según la administración Trump, tiene como objetivo proteger a sus ciudadanos y “enviar un mensaje de fuerza a sus adversarios”.
Sin embargo, sectores críticos advierten que la escalada en el lenguaje y las medidas unilaterales podrían incrementar tensiones diplomáticas y aumentar los riesgos para ciudadanos estadounidenses en el extranjero, al ser percibidos como instrumentos políticos por gobiernos hostiles.
Para la Casa Blanca, sin embargo, el mensaje es claro: “Todo aquel que use a un estadounidense como moneda de cambio asumirá las consecuencias. Esta administración prioriza no solo a Estados Unidos, sino también a los estadounidenses”.
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