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El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) lanzó una seria advertencia sobre el colapso administrativo que afrontan los consulados españoles ante la avalancha de solicitudes de nacionalidad por la llamada “ley de nietos”.
Según indicó a La Nueva España su presidenta, Violeta Alonso, “al ritmo actual de resolución de trámites, podemos acabar de tramitar todas las solicitudes en 2050”.
La proyección, equivalente a dos décadas de retraso, pone de relieve el enorme atasco generado desde que entró en vigor, en octubre de 2022, la Ley de Memoria Democrática, que abrió la posibilidad de obtener la nacionalidad a hijos y nietos de emigrantes españoles.
La norma expiró este 22 de octubre, tras dos años de vigencia y una prórroga adicional, con más de 1,5 millones de peticiones acumuladas.
Argentina, Cuba y México concentran la mayor parte de los trámites, y el consulado de Buenos Aires se ha convertido en el epicentro del proceso. De hecho, cuando se completen todas las solicitudes, la capital argentina podría convertirse en la tercera ciudad con más españoles del mundo, después de Madrid y Barcelona.
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Ante esta situación, el Consejo ha pedido al Gobierno español reforzar los recursos consulares y reformar el Código Civil para que los descendientes de emigrantes puedan solicitar la nacionalidad sin plazos ni límite de generaciones.
La propuesta busca convertir el acceso a la ciudadanía en un derecho permanente, evitando las tensiones y desigualdades que generan las leyes temporales.
El documento remitido al Congreso y al Senado plantea además corregir discriminaciones por línea de parentesco, ya que la legislación actual permite a los descendientes de varones españoles obtener la nacionalidad con mayor facilidad que los de mujeres que la perdieron antes de 1978 al casarse con extranjeros.
El Ministerio de Justicia español reconoce el desafío y ha pedido “paciencia” a los solicitantes, mientras se evalúan reformas estructurales. Pero los representantes de la diáspora española insisten: sin más personal y una ley definitiva, el atasco puede prolongarse hasta dentro de veinte años.
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