Este sábado se cumplió un año del anuncio del presidente Donald Trump de su decisión de fortalecer la política contra el gobierno de Cuba y revertir las medidas implantadas por su predecesor, Barack Obama.
Las principales modificaciones impuestas por el actual mandatario se resumen en la eliminación de una categoría de viajes a la Isla, la inclusión en una lista negra de hoteles, empresas y entidades militares cubanas para negarles cualquier tipo de financiamiento, y la restitución de la lista de funcionarios del régimen prohibidos.
Algunos de los más reconocidos analistas políticos del exilio cubano en Miami dieron a Martí Noticias sus opiniones acerca de las disposiciones impuestas por Trump y sugirieron cómo hacerlas más efectivas.
Juan Antonio Blanco, director de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, expresó que las medidas han ido con lentitud debido a las sustituciones de los cargos de secretario de Estado y subsecretario de Estado para Asuntos Políticos en la administración norteamericana.
Blanco quisiera que Trump incluyera de nuevo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, inscribiera en la lista Magnitsky a represores cubanos, restaurara el programa de parole a profesionales cubanos de la salud e instruyera la reevaluación de las condiciones de seguridad para el transporte aéreo en Cuba, después del reciente accidente.
Por su parte Frank Calzón, director del Centro para una Cuba Libre, elogió que Trump haya explicado a la opinión pública de su país cómo sus medidas buscan que el dinero de los viajeros norteamericanos no vayan a los militares de la Isla.
Entre sus propuestas está la de pedir a los líderes de la región que condenen al régimen cubano por sus abusos, diseñar reglas más severas para evitar la entrega de visas a represores cubanos e identificar, con vistas a ser deportados, a los que han mentido a las autoridades migratorias de Estados Unidos para viajar a ese país y adquirir la residencia y la ciudadanía.
Por último, Marcell Felipe, presidente de la Fundación Inspire América, valoró como positivo la reducción de lo que él llama “turismo oportunista, sexual o curioso” de los estadounidenses a la Isla.
En su criterio, habría que emitir una directiva presidencial a los organismos del gobierno federal para aplicar totalmente la ley Helms-Burton, prohibir a las empresas norteamericanas presentes en Cuba que cumplan con el requisito de entregar al gobierno los salarios en divisas de los trabajadores cubanos, y regresar la actual Embajada al estatus de Sección de Intereses.
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