Millones de personas en Estados Unidos podrían perder el acceso a los cupones de alimentos si prospera una nueva propuesta del Gobierno federal para endurecer los requisitos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
El cambio afectaría los criterios de ingresos y ahorros utilizados para conceder esta ayuda y también podría alcanzar a familias cubanas residentes en Florida que actualmente reciben los beneficios.
La propuesta, presentada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), fue publicada este martes en el Registro Federal bajo el título Reforming Categorical Eligibility (Reforma de la elegibilidad categórica).
Según las estimaciones oficiales, unos 6,3 millones de beneficiarios pertenecientes a 3,2 millones de hogares podrían dejar de recibir SNAP para el año fiscal 2029, cuando se espera que la medida alcance todos sus efectos.
La cifra representa aproximadamente el 17,6 % de los participantes actuales del programa. Sin embargo, la propuesta todavía no está aprobada ni modifica por ahora los beneficios que reciben las familias.
El Gobierno abrió un período de comentarios públicos que permanecerá vigente hasta el 10 de diciembre de 2026.
El cambio central consiste en restringir un mecanismo conocido como Broad-Based Categorical Eligibility (elegibilidad categórica ampliada), que permite a los estados facilitar el acceso al SNAP a hogares que reúnen los requisitos de determinados programas de asistencia social.
Actualmente, algunas familias pueden obtener esa elegibilidad mediante beneficios no monetarios o servicios financiados por el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), incluso cuando se trata de apoyos tan sencillos como recibir información sobre otros servicios disponibles.
La nueva regulación eliminaría esa posibilidad y reservaría la elegibilidad categórica vinculada al TANF para los hogares que efectivamente reciban asistencia de ese programa conforme a su definición federal.
También suprimiría la posibilidad de considerar elegibles a determinadas familias solo por estar autorizadas a recibir una prestación, sin haberla recibido.
Eso significa que muchos hogares que actualmente se benefician de un acceso simplificado al SNAP tendrían que demostrar nuevamente que cumplen los límites federales de ingresos y recursos económicos, incluidos determinados ahorros y otros activos que se contabilizan para evaluar la elegibilidad.
Las reglas federales ordinarias exigen, por lo general, que los hogares sin miembros mayores o con discapacidad tengan ingresos brutos mensuales de hasta el 130 % del nivel federal de pobreza e ingresos netos de hasta el 100 %, después de aplicar las deducciones permitidas.
Los hogares con personas mayores o con discapacidad están sujetos a reglas diferentes y no tienen que superar la misma prueba de ingresos brutos.
Florida es uno de los estados donde el cambio podría tener consecuencias importantes
Según la información oficial del USDA, el estado utiliza actualmente la elegibilidad categórica ampliada, con un límite general de ingresos brutos de hasta el 200 % del nivel federal de pobreza y sin un límite general de activos para los hogares que califican mediante ese mecanismo.
Si se aprueba la propuesta, las familias que hoy dependen de esa vía de elegibilidad y no reciben la asistencia TANF contemplada en la nueva regulación tendrían que someterse a los criterios federales ordinarios.
Algunas podrían mantener sus cupones de alimentos, mientras que otras dejarían de cumplir los requisitos por sus ingresos o recursos económicos.
El Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF), encargado de administrar el programa en el estado, explica que la evaluación también contempla deducciones por gastos de vivienda, servicios públicos, atención de dependientes y determinados gastos médicos, entre otros factores. Por eso, dos familias con ingresos similares pueden obtener resultados diferentes.
Para los cubanos residentes en Florida, el posible impacto dependerá tanto de la situación económica del hogar como de los requisitos migratorios aplicables a cada integrante.
Ser cubano, tener residencia permanente o encontrarse en un proceso de ajuste migratorio no garantiza por sí solo el derecho a recibir SNAP.
Las normas vigentes permiten que determinados residentes permanentes legales y personas reconocidas como entrantes cubanos o haitianos puedan acceder al programa, siempre que cumplan los demás requisitos.
Esta última categoría, utilizada para determinar el acceso a ciertos beneficios públicos, puede incluir a cubanos con parole (permiso de permanencia temporal), solicitudes de asilo pendientes o determinados procedimientos migratorios, según su documentación y circunstancias.
La nueva propuesta no elimina directamente esas categorías migratorias. Su objetivo es modificar la manera en que se evalúan los ingresos y recursos de determinados hogares que solicitan o reciben ayuda alimentaria.
Por tanto, un cubano que actualmente califica para SNAP por su situación migratoria todavía podría verse afectado si deja de cumplir los nuevos criterios económicos.
La propuesta también podría repercutir en otros programas de alimentación que utilizan la participación en SNAP como vía para conceder beneficios.
El USDA calcula que alrededor de 1,78 millones de niños perderían la elegibilidad automática para recibir comidas escolares gratuitas.
No obstante, aproximadamente el 97 % de ellos seguiría reuniendo los requisitos para obtener comidas gratuitas o a precio reducido mediante otros procedimientos de certificación.
En términos presupuestarios, el Departamento de Agricultura estima que los cambios reducirían el gasto federal en beneficios SNAP en aproximadamente 44,649 millones de dólares durante el período comprendido entre los años fiscales 2027 y 2031.
El Gobierno sostiene que la reforma permitiría ajustar mejor la elegibilidad a los criterios establecidos por el Congreso y dirigir los recursos hacia hogares que demuestren necesitar asistencia.
El propio documento reconoce que la medida aumentaría las tareas administrativas de los estados, que tendrían que verificar los recursos económicos de más solicitantes.
Por ahora, no existe una fecha definitiva de entrada en vigor. El USDA deberá evaluar los comentarios recibidos y determinar si aprueba una norma final, si modifica su contenido o si adopta otra decisión.
Las proyecciones de pérdidas de beneficios para 2029 están condicionadas a que la propuesta llegue a implementarse.
Las personas interesadas pueden presentar comentarios hasta el 10 de diciembre de 2026 a través de Regulations.gov, buscando el expediente FNA-2026-0661, o enviarlos al correo electrónico sm.fn.snappdbrules@usda.gov, con ese número de expediente y el título de la propuesta en el asunto. El USDA advierte que los comentarios recibidos y la identidad de quienes los presentan podrán hacerse públicos.
Esta iniciativa se suma a otros cambios en los requisitos y restricciones del SNAP que comenzaron a aplicarse durante 2026, incluidos mayores requisitos laborales y modificaciones en las condiciones de elegibilidad de determinados inmigrantes.
Para quienes tramitan su residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano, el abogado de inmigración Willy Allen III explicó anteriormente que existe una exención legal de la causal de inadmisibilidad por carga pública.
Esa protección migratoria es una cuestión diferente de los requisitos económicos que deben cumplirse para recibir los cupones de alimentos.
En Florida también continúa disponible el procedimiento acelerado del SNAP para hogares con necesidades alimentarias urgentes, que permite obtener una decisión y recibir ayuda en un plazo reducido cuando se cumplen las condiciones establecidas.
Este mecanismo forma parte de las reglas actuales y no debe confundirse con los cambios de elegibilidad que acaba de proponer el USDA.
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