En la provincia de Guatánamo, al oriente de Cuba, han iniciado una cacería contra la personas que le deben dinero a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
De acuerdo a una información publicada por el periódico local Venceremos, las personas naturales y jurídicas le deben más de 17 millones de pesos a la ONAT.
Para intentar que todos paguen, las autoridades han tomado un grupo de medidas que van desde multas hasta el decomiso de los carros a quienes han incumplido.
Según explicó Alis María Pérez Hernández, especialista en comunicación de la ONAT, se han puesto de acuerdo con la Policía para que les retengan los vehículos a las personas hasta que paguen sus impuestos.
“Hasta el momento se han aplicado 159 multas por entrega tardía de la Declaración Jurada (DJ) a trabajadores por cuenta propia, según estipula el Decreto 308 de 2012, del Sistema Tributario Cubano cuando se excede la fecha límite para el desembolso voluntario (30 de abril)”, aseguró.
“Resultado de esa acción se llegó a 472 deudores, con más de un millón 542 mil pesos, aunque de ellos solo 58 personas pagaron”.
De acuerdo al reporte, en el caso de las empresas estatales que le deben dinero al fisco están la Azucarera Guantánamo de Manuel Tames y Comercio municipal en Caimanera.
En casos extremos han llevado los casos ante la Justicia por el delito de evasión fiscal
En ese sentido, Pérez Hernández dijo que en San Antonio del Sur condenaron a un hombre a dos años y ocho meses de Privación de Libertad, con Trabajo Correccional sin Internamiento y la responsabilidad resarcir el monto pendiente.
“La oficina no tolerará más violaciones a lo legislado, pues ese contribuye a sufragar los constantes gastos del presupuesto estatal en cuestiones sociales como las pensiones por edad, invalidez total y muerte, los subsidios y las prestaciones por maternidad”, dijo.
La Gaceta Oficial Extraordinaria No.35 publicó el pasado martes un paquete legislativo que regirá a partir de ahora al cuentapropismo cubano.
De acuerdo a los medios oficialistas estas estarían amparadas en la Ley No. 113, del Sistema Tributario y nacidas para reducir las “desviaciones relacionadas, fundamentalmente, con la utilización de materias primas de procedencia ilícita, así como el incumplimiento de las obligaciones tributarias y la subdeclaración de ingresos”.
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