Después de que Florida aprobara la controvertida Enmienda 3, Hialeah convocó una reunión de emergencia con los directores de todos sus departamentos para analizar cómo enfrentar el golpe financiero que traerá la reforma tributaria.
Según fuentes familiarizadas con las conversaciones, citadas por el Miami Herald, la ciudad baraja recortes salariales del 10 % el primer año y del 20 % el segundo para empleados no sindicalizados, una congelación de nuevas contrataciones y la eliminación de plazas.
El portavoz del alcalde Bryan Calvo fue claro en que nada está decidido: «Se están llevando a cabo conversaciones sobre los recortes, pero aún no se ha tomado una decisión definitiva».
Las proyecciones del Departamento de Finanzas de la ciudad estiman pérdidas de hasta 17 millones de dólares en el año fiscal 2028 y de hasta 28 millones en 2029, como consecuencia directa de la reducción en la recaudación del impuesto sobre la propiedad que impone la enmienda.
La Enmienda 3 fue aprobada el martes con cerca del 62 % de los votos, superando el umbral del 60 % necesario para modificar la Constitución estatal.
La medida amplía la exención homestead para impuestos a la propiedad: de alrededor de 50,000 dólares a 150,000 dólares a partir del 1 de enero de 2027, y a 250,000 dólares a partir del 1 de enero de 2028.
El impacto en Hialeah será especialmente pronunciado. De las aproximadamente 61,000 propiedades residenciales de la ciudad, unas 32,000 tienen exención homestead. Actualmente, solo el 9 % de esas viviendas no paga impuesto municipal sobre la propiedad. Con la reforma, esa proporción subiría al 43 % en 2027 y a casi el 71 % en 2028, según el Departamento de Finanzas municipal.
Las medidas en discusión se aplicarían a todos los departamentos, con dos excepciones: los empleados sindicalizados y las unidades de Construcción y Obras Públicas, consideradas autosuficientes. Sin embargo, los cargos directivos y el personal civil de los departamentos de Policía y Bomberos sí podrían verse afectados.
Eso genera una tensión evidente con los acuerdos laborales que la administración de Calvo acaba de cerrar. Bajo su gestión, Hialeah firmó convenios colectivos que el alcalde tildó de «históricos»: aumentos de un 30 % en tres años para los policías, del 17 % en dos años para los bomberos y del 2 % en un año para los trabajadores representados por la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales.
El jefe de policía, George Fuente, remitió todas las preguntas sobre los posibles recortes a la oficina del alcalde. El jefe de bomberos, Humfredo Pérez, no estuvo disponible para hacer comentarios.
Calvo había advertido en octubre que Hialeah posee menor margen que otros municipios para absorber las pérdidas de la Enmienda 3, pues gran parte de su presupuesto —unos 514 millones de dólares en total— financia servicios esenciales, e instó al estado a crear mecanismos de reparto de ingresos o ayudas de transición para los municipios más vulnerables.
El gobernador Ron DeSantis anunció una sesión legislativa especial antes de enero de 2027 para implementar la reforma y aprobar una «carta de derechos del contribuyente» que impediría a los gobiernos locales compensar las pérdidas mediante nuevas tasas o cargos, aunque mencionó posibles ayudas estatales sin precisar cifras ni fórmulas de distribución.
A escala estatal, los economistas calculan que los gobiernos locales de Florida perderán cerca de 4,900 millones de dólares en el ejercicio 2027-2028 y unos 8,700 millones en 2028-2029 como consecuencia de la enmienda.
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