Un análisis de datos electorales por condado y precinto revela que la Enmienda 3 de Florida, la reforma fiscal sobre la vivienda aprobada esta semana, obtuvo su mayor respaldo en zonas de mayoría republicana con altas tasas de propietarios, ingresos más elevados y valores inmobiliarios superiores al promedio estatal.
Según una revisión de datos electorales del Tampa Bay Times, la enmienda fue popular entre votantes de ambos partidos —superando en más de 10 puntos porcentuales a cualquier candidato estatal—, pero su desempeño fue notablemente mejor en los territorios que más apoyaron a la senadora republicana Ashley Moody frente a su rival demócrata, Angie Nixon.
La medida, que amplía la exención homestead del impuesto sobre la propiedad de 50,000 a 150,000 dólares en 2027 y a 250,000 dólares en 2028, fue aprobada el martes con el 62% de los votos, dos puntos por encima del umbral constitucional requerido.
Solo nueve condados no alcanzaron ese umbral del 60%, y todos ellos votaron por candidatos demócratas en la parte superior de la boleta.
El patrón de la propiedad inmobiliaria explica en buena medida esa brecha: en los condados donde la enmienda no llegó al 60%, apenas el 62% de las viviendas son ocupadas por sus propietarios, frente al 70% en los condados donde sí pasó.
Los 23 condados con las tasas más bajas de propietarios dieron a la medida un apoyo conjunto del 59%, insuficiente para aprobarla. En el extremo opuesto, los 22 condados con mayor proporción de viviendas en manos de sus dueños registraron un voto afirmativo 10 puntos porcentuales más alto.
Entre los condados con mayor respaldo destacaron Walton y Holmes, con el 76%, seguidos de Charlotte, Dixie y Suwannee, con el 74% y el 72% respectivamente. Miami-Dade registró un 66% de apoyo, mientras que Broward se quedó en el 57%, por debajo del umbral.
A nivel local, los datos de precintos en Hillsborough, Pinellas, Hernando y Citrus confirman el mismo patrón: los votos afirmativos se concentraron en vecindarios con mayor edad promedio, ingresos medios más altos y propiedades de mayor valor.
En Hillsborough, el apoyo fue más fuerte en Ruskin, Riverview y Brandon; en Pinellas, en las comunidades de las islas barrera.
El gobernador republicano Ron DeSantis, principal impulsor de la iniciativa, reconoció abiertamente el efecto de arrastre electoral que tuvo la enmienda. «Si la Enmienda 3 no hubiera estado en la boleta, no sé si habríamos movilizado a los votantes que terminamos movilizando. La gente quería votar sí, y luego muchos de ellos terminaron votando republicano en el resto de la boleta», declaró el miércoles.
La aprobación de la medida, sin embargo, plantea serios desafíos fiscales para los gobiernos locales: las proyecciones legislativas estiman pérdidas de entre 4,600 y 4,900 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2027-2028, y de entre 8,400 y 8,700 millones en el siguiente.
Oficinas de alguaciles, hospitales y agencias de transporte figuran entre las entidades que perderán financiamiento significativo. Hialeah estudia recortar hasta un 20% los salarios municipales durante el segundo año de aplicación, y ciudades como Largo han advertido sobre posibles cierres de instalaciones y eliminación de empleos.
Los inquilinos también podrían verse afectados de forma indirecta: si los gobiernos locales elevan los impuestos sobre propiedades arrendadas para compensar la pérdida de ingresos, los alquileres podrían subir hasta 406 dólares anuales por apartamento y 1,081 dólares por vivienda unifamiliar en 2028, según estimaciones citadas en el dossier.
Para evitar ese escenario, DeSantis convocó una sesión legislativa especial antes de fin de año con el objetivo de implementar la enmienda e incluir una carta de derechos del contribuyente que prohíba a los municipios compensar la pérdida con nuevos impuestos o cargos.
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