Una nota de la Agencia Cubana de Noticias denucia que hay más de 1.000 inmuebles en barrios ilegales de la provincia de La Tunas que deberían ser derribadas.
Aunque en el citado medio se reconoce que en estas situaciones hay muchísimas familias con niños, se refieren a la necesidad de "demoler viviendas".
Según las autoridades, paar evitar esta realidad "es imprescindible adoptar las medidas a tiempo y no esperar a que las construcciones avancen, las viviendas se levantan en lugares visibles, que sin mayores problemas se pueden detectar, pero hay que enfrentarlo de inmediato".
En La Tunas se está llevando a cabo el Programa de Ordenamiento Territorial, donde se están "solucionando" tres mil 820 ilegalidades.
Iraldo Carralero, subdirector de Control Territorial del Instituto de Planificación Física en la provincia, dijo a la ACN que "esa cifra representa el 34 por ciento de las 11 mil 197 que se acumulaban en los ocho municipios, pero pudo avanzarse más de haberse actuado a tiempo".
Carralero agregó que, cuando su organismo "detecta una ilegalidad aplica una multa al infractor o infractora, y si vuelve a incurrir, se repite la sanción, pero luego es responsabilidad de la brigada de enfrentamiento tomar la decisión final".
Si bien es cierto que en el ámbito de la fabricación de viviendas en la Isla se cometen muchas ilegalidades, no se puede perder de viste el gran problema que representa la vivienda en Cuba, un país donde varias generaciones confluyen en una misma casa muchas veces y donde las condiciones en varios casos son pésimas.
A fines de 2016, en Cuba se registró un déficit superior a 880.000 viviendas.
Aún así, las autoridades están valorando la posibilidad de "actuar" sobre esas viviendas ilegales.
Quizás una solución sería, como dicen, atacar el problema desde el incio, pero si no lo hicieron entonces, ahora muchas familias podrían quedar perjudicadas. Sabemos que en Cuba la ley aparece cuando conviene, y no cuando debe.
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