Abogado de Cubalex advierte que nueva Ley de Vivienda no protege casas de exiliados

El abogado Raudiel Peña Barrios, miembro del equipo legal de Cubalex, lanzó una advertencia contundente sobre los alcances reales de la nueva Ley General de la Vivienda que entró en vigor el 21 de octubre de 2026: por más que la norma elimine la confiscación automática al emigrar, el sistema político cubano nunca ha reconocido la ley como un límite real al poder del Estado.

«Con la ley de migración anterior te podían no dejar entrar al país o no dejar salir del país. Con la actual también. Con la anterior te podían quitar la casa. Con la actual también», señaló Peña Barrios en una entrevista con Tania Costa. Su conclusión fue directa: «La ley no es un límite al poder en Cuba».

La Ley 187/2026, aprobada por la Asamblea Nacional el 30 de julio y publicada en la Gaceta Oficial el 14 de octubre, sustituye la legislación de vivienda de 1988 y elimina la pérdida automática de la propiedad por salida definitiva del país, un mecanismo que hundía sus raíces en la Ley No. 989 de 1961, que ordenó la confiscación de bienes de quienes abandonaran Cuba.

Sin embargo, la nueva norma impone una obligación clave. El propietario que emigre debe designar un representante legal en Cuba para gestionar la vivienda ante tribunales y autoridades administrativas. Una propiedad desocupada y sin representante queda expuesta a un proceso de expropiación por abandono.

La entrevistadora, Tania Costa, comentó que la ley, en el fondo, formaliza una práctica que siempre existió. «Es que en la práctica eso ya se está haciendo. Ahora lo que se hace es formalizar algo que en la práctica siempre se ha hecho», dijo. El abogado Raudiel Peña dijo al respecto que su recomendación es clara: «Yo reitero la recomendación del trámite notarial porque las reglas claras siempre son mejor».

El abogado explicó que la formalización notarial no es un capricho burocrático, sino una necesidad práctica. Si varios familiares alegan verbalmente haber sido designados —el hijo, la tía, el cónyuge—, el conflicto está servido. «Si usted se va y se queda un representante legal, eventualmente puede surgir un conflicto en el que aparezcan muchos representantes legales. Entonces no es que mi hijo me dijo que yo me quedé a la frente de la casa y luego sale la tía», advirtió.

Pero la formalización notarial tampoco garantiza protección plena. Peña Barrios fue explícito: «Como la ley no es un límite, se puede armar cualquier burbuja legal o con formalidad legal para quitarle la casa».

El grupo más vulnerable ante este escenario son los opositores que han salido al exilio y no pueden regresar a Cuba. Para ellos, la nueva ley ofrece una protección teórica que en la práctica resulta casi inaplicable. «¿Quién va a querer ser un representante legal de alguien que sea públicamente conocido y que esté metido en la oposición al régimen?», preguntó Peña Barrios.

Cubalex ha documentado que el Estado cubano utiliza procesos penales y administrativos para apropiarse de inmuebles de opositores y activistas. La nueva ley de vivienda no tiene efecto retroactivo y no restituye propiedades confiscadas en décadas anteriores, por lo que tampoco resuelve las reclamaciones patrimoniales acumuladas por generaciones de exiliados.

«En Cuba nada ha sido fácil. Nunca nada será fácil», concluyó el abogado.