En el primer semestre de este año las autoridades cubanas erradicaron 19.658 ilegalidades relacionadas con el ordenamiento territorial y urbanístico, informó la Agencia Cubana de Noticias.
Sin embargo, en el mismo periodo se han detectado nuevas violaciones, cometidas por 853 entidades y 9.985 personas naturales.
En un encuentro con los presidentes de las asambleas provinciales del Poder Popular, Inés Chapman Waugh, vicepresidenta de los Consejos de Estado y de Ministros, reveló que el programa contra las infracciones se ha estancado debido a la falta de sistematicidad en los mecanismos de chequeo y en los grupos de enfrentamiento.
Según la funcionaria, la política de construcción de viviendas no puede generar ilegalidades.
Waugh advirtió de que la condición de habitable no puede otorgarse si existen irregularidades, y el uso ilegal del suelo de una casa hace que ésta también sea ilegal. Tampoco es posible edificar inmuebles si no hay agua ni sistemas de evacuación.
Acerca de este tema Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, informó que este año se han eliminado 2.583 violaciones, cifra que constituye el 67% del inventario total.
No obstante, se descubrieron 644 nuevas infracciones, de las cuales se eliminaron 591.
De las contravenciones halladas, las más comunes son las conexiones no permitidas a redes y conductoras de acueductos, los entronques de residuales líquidos enchufados al sistema de drenaje pluvial, las roturas ilegales hechas a los diques de las lagunas de estabilización, el vertimiento desordenado de residuales líquidos, las construcciones de viviendas sobre pluviales y el vertimiento de fosas, debido a las malas condiciones técnico-constructivas.
El gobierno del régimen lleva una cruzada contra las ilegalidades en el sector urbanístico. A prinicipios de este mes la Agencia Cubana de Noticias daba a conocer que en Las Tunas existen más de 1.000 inmuebles en barrios ilegales que deben ser derribados.
Las autoridades han reconocido que esta situación se debe en gran medida a la escasez de viviendas y a la falta de condiciones para acometer acciones de reparación y mantenimiento.
A finales de 2016 el país presentaba un déficit superior a 880.000 viviendas en todo el territorio, causado fundamentalmente por la pérdida de la capacidad habitacional debido al deterioro de las edificaciones.
El gobernante Miguel Díaz-Canel ha ordenado darle prioridad al programa estatal de la vivienda por su “alto impacto” en la población.
Como solución, ha animado a su equipo de gobierno a que busque locales estatales que puedan transformarse en casas.
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