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Observatorio de Derechos Humanos denuncia que el Gobierno de Cuba viola su propia ley electoral que prohíbe las campañas políticas

El Ejecutivo de Miguel Díaz-Canel viola los artículos 171 y 172 de la Ley Electoral vigente en la Isla que prohíbe "campañas políticas, individuales o grupales" y las califican como "demagogia y politiquería".

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, haciendo campaña por el sí. © Miguel Díaz-Canel / Twitter
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, haciendo campaña por el sí. Foto © Miguel Díaz-Canel / Twitter

Este artículo es de hace 4 años

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha denunciado este sábado que el Gobierno de Cuba viola su propia ley electoral, que prohíbe las campañas políticas, aseguran en un comunicado.

Según explica el OCDH, al hacer campaña a favor del sí y reprimir la promoción legal del #YoVotoNo así como la abstención en el referendo que se celebrará el próximo día 24, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel viola los artículos 171 y 172 de la Ley Electoral vigente en Cuba que prohíbe "campañas políticas, individuales o grupales, y las califican como demagogia y politiquería".

A pesar de que la ley impide las campañas electorales, el Gobierno de Cuba ha sacado toda la artillería pesada de su propaganda para promocionar el voto positivo en el referendo de la próxima semana.

Paralelamente ha reprimido "a los ciudadanos que se pronuncian por el voto negativo y la abstención", señala la OCDH.

OCDH denuncia también que durante los 7 meses que ha durado la campaña por el referéndum en Cuba no ha salido en la prensa oficialista ni un sólo artículo que proponga el No o la abstención. "Esto viola el derecho internacional en materia electoral, que precisa el acceso por igual de todos los candidatos y/o propuestas a los medios masivos de comuncación en cada país".

La organización, con sede en Madrid, recuerda que el artículo 172 de la Ley Electoral Cubana "declara ilícito y con penas de multas a quienes le nieguen el voto a los ciudadanos con derecho a voto". No obstante, el Gobierno cubano no permite que los exiliados y emigrantes nacidos en Cuba concurran a las urnas.

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