Los cubanos residentes en el exterior no podrán participar en el referendo popular del Código de las Familias que se realizará entre el 1ro de febrero y el 30 de abril de 2022.
Solo podrán participar en estas votaciones los colaboradores y personal de la isla que estén en el extranjero por motivos oficiales, según el diario oficialista Granma sobre reporte de la constitución este miércoles de la comisión electoral especial del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) para supervisar este proceso en las embajadas de la isla en el exterior.
Las misiones oficiales incluyen a diplomáticos, a las brigadas médicas, ingenieros y cualquier otro personal o funcionario que esté cumpliendo una misión del Estado cubano.
Tal decisión excluye a los cubanos que estén de viajes por motivos personas y a quienes residen por su voluntad en otros países, aunque aún tengan residencia en la isla.
Según el ministro interino de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver, la comisión especial creada en el MINREX “es muestra de la voluntad de nuestro Estado de defender la más amplia participación democrática en los procesos legislativos”.
Asimismo, recordó, que durante el referendo constitucional realizado entre 2018 y 2019, más de 39 mil cubanos en misiones oficiales participaron activamente en ese proceso.
También afirmó que serán, nuevamente, las misiones cubanas un eslabón importante para garantizar confiabilidad, transparencia, celeridad, publicidad, autenticidad e imparcialidad, pero sin hacer referencia a los miles de cubanos que quedarán otra vez fuera del referendo del Códigos de las Familias.
En el reciente Octavo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular se aprobó la versión 22 del Código de las Familias para Cuba, que será el único que será sometido a consulta popular en los primeros meses de 2022 y que ha despertado las alarmas dentro de la comunidad LGBTI de la Isla al considerar que la mayoría no debe refrendar los derechos de la minoría.
Este documento atravesó un proceso de análisis desde el 29 de septiembre y el 15 de octubre e involucró a especialistas, centros investigativos, academias, instituciones públicas y organizaciones sociales del país.
Como resultado de ese proceso se modificaron 273 artículos y se añadieron ocho.
Entre los avances más notorios de este Código de las Familias están dos demandas de las activistas feministas y la comunidad LGBTIQ+ de Cuba: la eliminación del matrimonio infantil y la aprobación del matrimonio igualitario.
En esta versión, el matrimonio se entiende como "la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común, sobre la base del afecto y el amor”, y se establece que "la capacidad de las personas para formalizar matrimonio se alcanza a los 18 años de edad"; mientras que el Código de la Familia actual, vigente desde 1975, concibe el matrimonio como “la unión voluntariamente concertada de un hombre y una mujer con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común” y permite que niñas con 14 años y niños con 16 años contraigan matrimonio mediante autorización de los padres.
Según la diputada Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, este código "pretende elevar al mayor grado posible la felicidad, la paz y la armonía entre las personas" y "contribuye a la erosión del patriarcado como dispositivo de opresión y dominación, a la democratización de las relaciones entre hombres y mujeres y las diferentes generaciones de los grupos familiares”.
Tampoco en 2019 los cubanos residentes en el exterior tuvieron voz y voto en el referendo constitucional.
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