En un mensaje público enviado al presidente Trump, líderes del exilio y de la oposición cubana pidieron este lunes implementar "plenamente" una ley que permita demandar a compañías extranjeras que usan bienes expropiados por el Gobierno cubano.
Orlando Gutiérrez Boronat, presidente de la Asamblea de la Resistencia Cubana ―una coalición de grupos del exilio en Miami― señaló en rueda de prensa que se trata de propiedades "robadas” que han sido “usadas indebidamente por organizaciones internacionales, multinacionales para beneficiarse".
El opositor Jorge Luis García Pérez, más conocido como "Antúnez", instó a Trump a activar "cuanto antes" el Título III de la Ley Helms Burton (1996), que permite a estadounidenses y cubanoamericanos, despojados de bienes, iniciar demandas en cortes de Estados Unidos.
En declaraciones a la Agencia Efe, Antúnez dijo que se trata de "asfixiar a la dictadura", y de privarla "de los fondos que tanto necesita y tanto utiliza para reprimir a su propio pueblo".
"Siempre hemos dicho que en la medida que se debilita el régimen castrista, más se fortalece la oposición", precisó el opositor.
En la carta a Trump, exiliados y opositores piden "sanciones decisivas" como el Título III, que desde su creación no ha sido activado.
Consideran que la aplicación de esas medidas debilitarán “la ocupación del régimen de Castro en Venezuela y acelerará el día de libertad para Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países de nuestra región".
Durante un acto en la Pequeña Habana, en el monumento que homenajea a los veteranos de la invasión a Bahía Cochinos (1961), miembros del exilio instaron también a la utilización del Título IV, que niega el visado “a aquellos empresarios internacionales que estén participando de inversiones ilegales en Cuba, con propiedades confiscadas".
Hay entre 200 mil y 300 mil quejas de cubanoamericanos que alegan tener propiedad sobre bienes y empresas confiscadas en Cuba.
Entre ellos se encuentran Bacardí, los terrenos del aeropuerto internacional Jose Martí de La Habana y cultivos azucareros, entre otros.
Estados Unidos ha "certificado" 5.913 casos de ciudadanos y empresas norteamericanas, como por ejemplo Texaco, Coca Cola y Palmolive que, si se activa, pueden también acogerse al Título III, por un total de 1.900 millones de dólares.
A inicios de este mes, Donald Trump dio a conocer que a partir del 19 de marzo la puerta estará abierta para demandar a 200 entidades gubernamentales cubanas, que forman parte de una "lista negra", por adueñarse de bienes confiscados.
La iniciativa, que activa parte del Título III, no afecta legalmente a sus socios extranjeros.
Se espera que el Gobierno de Estados Unidos anuncie el próximo 17 de abril una decisión sobre el Título III, cuando vence una suspensión más corta (de apenas 30 días), de esa ley, que ha sido suspendida cada seis meses por los Gobiernos de Clinton, Bush Obama, y el propio Trump, durante sus primeros dos años de Administración.
Este lunes, también se ha sabido Estados Unidos ha incluido otras cinco empresas controladas por los militares de la Isla en la "Lista restringida de Cuba", según informó el Departamento de Estado este lunes en un comunicado.
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