Los ingresos del régimen cubano procedentes de la exportación de langostas y camarones alcanzan la cifra de 63 millones de dólares, un número exuberante, si se tiene en cuenta que el cubano promedio no tiene acceso a dichos productos en su realidad cotidiana. Para adquirir uno de estos, el cubano debe pagar cifras también exorbitantes y adquirirlos de manera clandestina.
Granma, el órgano oficial del partido en Cuba y su vocero por excelencia, adelantó, el pasado 13 de marzo, algunas de las directrices y los factores considerados en la elaboración de la propuesta ideada por el Consejo de Ministros para la regulación de una nueva Ley de Pesca, que será sometida a debate, según esta misma fuente, “en los territorios con los diputados y directivos de los organismos competentes, del 27 de marzo al 3 de abril próximo”.
Como parte de la retórica reformista asumida por el régimen, desde la asunción de Raúl Castro como máximo gobernante de la isla en el 2008, surge ahora el proyecto de una nueva normativa para la actividad pesquera que se desprende de la política de Pesca, aprobada en el 2017, como parte de la implementación de los Lineamientos.
Entre los elementos considerados, que cita la nota oficial, para este nuevo proyecto de ley, se encuentra el tan conocido y traído problema del desabastecimiento de pescado, y productos del mar en general, para los cubanos, que se cifra en una reducción del consumo per cápita de 16.0 kg, en 1989, a 4.3 kg, en 2014, según esta misma fuente.
Asimismo, se tuvo en cuenta el limbo legal en que se encuentran, hasta ahora, los pescadores o ciudadanos vinculados a la pesca, no asociados al Estado. Según la publicación del diario oficial, se calcula que unos mil artefactos navales y cerca de 2 500 personas practican la pesca ilegal.
Más allá de las cifras, la dificultad de los cubanos -a pesar de la circunstancia, en principio favorable, del agua por todas partes- para acceder a una dieta que incluya el pescado como alimento básico es de sobras conocida. La mayoría de la producción en este sector se destina actualmente al turismo y otra parte a la exportación.
El Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) será el encargado de emitir los permisos, licencias, así como de responder a las solicitudes de los ciudadanos y empresas, además de tomar las “decisiones del destino final de las capturas”.
En este sentido, el documento elaborado bajo las directrices del Consejo de Ministros, refiere todo lo relacionado con las zonas de pesca, “las cuales se determinan por el Consejo de Ministros, mientras que la ordenación y manejo de los recursos pesqueros en ellas corresponde al titular del Minal”, se lee en Granma.
Gran espacio del nuevo proyecto se dedicó, dice la nota, a la definición de las diversas modalidades de pesca, como la deportiva, recreativa, comercial, etc., y se extraña, como es habitual que suceda con las leyes en Cuba, y con sus formulaciones en la prensa, mayores aclaraciones que garanticen a los cubanos mejores condiciones de alimentación y vida, sobre todo, en esto último, para los pequeños pescadores de las comunidades pesqueras, quienes, en su mayoría, viven y sostienen a sus familias mediante dicha actividad.
¿Qué opinas?
COMENTARArchivado en: