El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela denegó la orden de extradicción que llevó a cabo el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para juzgar en España a Dahud Hanid Ortiz, acusado de asesinar a dos mujeres cubanas en la capital española el 22 de junio de 2016, según informó el martes El País.
El Alto Tribunal defiende que este sujeto de 48 años tiene nacionalidad venezolana y estadounidense, por lo que no puede ser entregado a las autoridades españolas para ser procesado.
Hanid Ortiz, un exmilitar norteamericano de origen venezolano, entró en junio de 2016 en el despacho del abogado Víctor Joel Salas Cobeña, situado en el número 40 de la calle de Marcelo Usera, y acabó con la vida de las cubanas Elisa Consuegra Gálvez y Maritza Osorio Riverón.
Dahud había descubierto a su esposa, una doctora alemana identificada como Irina Trippe, chateando con el abogado peruano Salas, dueño del bufete del distrito de Usera. Seguidamente lo llamó para amenzarlo de muerte. Pero cuando llegó a Madrid, el letrado no estaba en la oficina. Las cubanas, que trabajaban en el bufete, fueron asesinadas junto con John Pepe Castillo, un taxista peruano que pasaba a recoger unos papeles.
El supuesto asesino se fugó a Alemania, a donde fue destinado por el Ejército estadounidense antes de ser expulsado. Posteriormente se marchó a Colombia cuando las autoridades españolas estaban tras su pista. Desde el país cafetero ingresó en su Venezuela natal después de que su hermana le diera un pasaporte venezolano.
La policía venezolana lo detuvo el 13 de octubre de 2018 en el municipio de Chacao y el juez dictaminó prisión provisional a la espera de recibir la documentación del caso que tenían las autoridades españolas. El pasado 25 de febrero se celebró una vista oral.
El Ministerio Fiscal solicitó que se declara "improcedente" la solicitud de extradición por no tener nacionalidad española, pero sí pidieron que fuera juzgado por los asesinatos cometidos en Madrid.
La magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno rechazó la extradición a territorio español basándose en el principio de no entrega a otros países de los ciudadanos venezolanos, como ocurre con el supuesto asesino.
Sin embargo, en el caso de Hanid Ortiz se dan todas las condiciones para su traslada a España según el tratado de extradición firmado con España el 4 de enero de 1989, que establece que los delitos cometidos estén tipificados tanto en el código penal español como en el venezolano, que no haya prescrito la acción delictiva y que no se trata de delitos políticos o a los que se aplique la pena de muerte.
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