La ministra de Comercio Interior (MINCIN) de Cuba, Betsy Díaz, ha privatizado su cuenta de Twitter y los usuarios han exigido explicaciones a ese ministerio, uno de los más criticados en la isla por la creciente escasez de alimentos.
"¿Tiene sentido que un funcionario público ponga sus tweets en modo “privado”?", dijo el activista cubano Norges Rodríguez.
Aunque la propia ministra señaló en un tuit que no bloqueó su cuenta y pasó "de forma involuntaria", la cuenta oficial del MINCIN alegó que está en su derecho de "proteger su seguridad mediática".
Ese término tuvo que ser aclarado por esa entidad: "No aceptar que la agredan a través de sus redes sociales, ni tergiversen mal intencionadamente sus publicaciones, porque también es un ser humano".
"Ser servidor público no es sinónimo de admitir ofensas personales, ni profesionales", apuntó también Díaz al hacer pública su cuenta de Twitter.
En las redes sociales le recordaron a la ministra que hasta en la nueva Constitución, aprobada el 24 de febrero, se recoge en el artículo 53 que "todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades, conforme a las regulaciones establecidas".
Desde que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel estrenó cuenta en Twitter el 10 de octubre de 2018, el sucesor de Raúl Castro promueve la presencia de todos los organismos y funcionarios en esta red social, así como la creación de los llamados portales ciudadanos de cada provincia y anunció incluso un programa que será emitido en YouTube, donde darán explicaciones al pueblo.
De momento en el canal de la presidencia solo suben vídeo de las visitas y reuniones estatales y tienen los comentarios desactivados.
Pese a esta pretendida transparencia, son pocos los funcionarios que responden a las preguntas directas de ciudadanos e incluido Díaz-Canel solo repiten eslóganes e información oficialista.
La ministra, sin embargo, es una de las pocas que responde a las inquietudes, en enero aclaró que "todos los clientes tienen derecho a tomar fotos en las tiendas". Al respecto, señaló que "es un deber" y lo hace "por convicción".
Además, como ha ido recopilando el proyecto Inventario muchos de ellos bloquean a cuentas críticas con las autoridades cubanas.
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