Bajo arresto en Cuba algunas mujeres que ocuparon un local abandonado en La Habana Vieja

Permanecen bajo arresto en Cuba tres de las seis mujeres que ocuparon un local en la Habana Vieja, la pasada semana, para protestar por “la mala situación de sus viviendas”, según Cubanet.

Las otras tres jóvenes que fueron liberadas se encuentran en avanzado estado de gestación, aunque una de ellas está todavía en “prisión domiciliaria”.

Las seis mujeres, algunas con niños pequeños, estuvieron casi una semana en un local abandonado en la esquina de Tejadillo y San Ignacio, muy cerca de la Plaza de la Catedral.

Allí se quedaron hasta que fueron conducidas a una estación de la policía donde, durante los interrogatorios, las habrían amenazado con quitarle la custodia de sus hijos.

Según el testimonio ofrecido por las jóvenes al citado medio, a las que fueron liberadas les entregaron un papel en el que les comunicaron que están pendientes de juicio, acusadas de “allanamiento de la propiedad estatal”.

Las mujeres precisan que ellas apenas abrieron una puerta que estaba cerrada con cables, y que el local al que entraron llevaba veinte años cerrado. Solo limpiaron y acomodaron un poco el interior para quedarse unos días allí y llamar, de ese modo, la atención sobre sus casos.

Tras haber aparecido varios dueños hipotéticos del local, al final un funcionario de Gaviota identificó a esa empresa como propietaria del inmueble, y "les dijo que las había denunciado en la policía y que las autoridades debían tomar cartas en el asunto".

Las jóvenes liberadas han regresado a sus viviendas en mal estado y a su rutina de enviar cartas al partido único –PCC– y al Poder Popular.

Hasta el momento, aseguran haber sido contactadas por autoridades provinciales y de Salud Pública para comprobar el estado de los niños y de las tres embarazadas, pero subrayan que todavía no cuentan con una solución para sus casos de vivienda, a lo que se sumaría ahora una acusación por “allanamiento de la propiedad estatal”.

Cuba tiene un déficit habitacional de casi un millón de viviendas, que el Estado espera resolver en unos diez años.