El gobierno de Donald Trump pretende cobrar casi 1.000 dólares a aquellos inmigrantes que decidan apelar los casos de deportación que hayan sido fallados en su contra.
El portal BuzzFeed News tuvo acceso a un proyecto del reglamento del Departamento de Justicia, en el que se propone subir la tarifa actual de 110 dólares a 975 dólares para aquellos indocumentados que intenten recurrir una decisión judicial, y a 895 dólares si lo que quieren es que se reabra o se reconsidere un caso con la Junta de Apelaciones de Inmigración.
La nueva norma lleva un período de comentarios de 60 días antes de ser aprobada.
En opinión de Rebecca Jamil, exjueza de inmigración en San Francisco, California, si se materializan los nuevos precios estaría privando a las personas del derecho a apelar. “Es un aumento sustancial de las tarifas que está fuera del alcance de las personas”.
De acuerdo a su experiencia, dichos costes podrían tener un impacto particularmente grande en los inmigrantes que están actualmente en centros de detención o en los que fueron enviados de vuelta a México a esperar que sus solicitudes de asilo se tramiten en los tribunales de inmigración estadounidenses.
“Parece que las tarifas se están incrementando como obstáculos para que los extranjeros accedan a los tribunales”, dijo.
Los inmigrantes aún podrían solicitar una exención de tarifas bajo la nueva regulación.
Este reglamento da continuidad a la postura antiinmigrante que asumió el presidente Trump desde el inicio de su mandato. El pasado 11 de septiembre la Corte Suprema aceptó una solicitud de su gobierno para hacer cumplir plenamente una nueva norma que restringe las solicitudes de asilo de inmigrantes en la frontera con México, una decisión que fue rechazada por México.
La administración estadounidense dispuso que los inmigrantes que deseen solicitar asilo político en Estados Unidos deberán pedir protección primero desde un “tercer país fuera del país del extranjero de ciudadanía, nacionalidad o la última residencia habitual legal a través de la cual él o ella transitó en ruta a los Estados Unidos".
Este miércoles se conoció que más de 125 madres y niños migrantes demandaron al gobierno de Estados Unidos, argumentando que este violó los derechos de solicitantes de asilo a través de la implementación arbitraria y caprichosa de una virtual prohibición de asilo en la frontera sur.
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