Tres cambios propuestos al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido como food stamps, podrían causar que millones de personas pobres pierdan o se reduzca el acceso a los cupones de alimentos, según un estudio realizado por el Urban Institute publicado esta semana.
Las nuevas reglas, diseñadas en 2018 por el Departamento de Agricultura, plantean requisitos de trabajo más estrictos para la elegibilidad del programa, topan las deducciones para asignaciones de servicios públicos y cambian la manera en que 40 estados inscriben automáticamente a las familias en el programa cuando reciben otras formas de ayuda federal.
La investigación del Urban Institute demostró que de ponerse en práctica dichas medidas, 3.7 millones de personas dejarían de recibir el beneficio, 2.2 millones de hogares verían sus beneficios mensuales promedios bajar en $127 dólares y 982.000 estudiantes perderían el acceso a almuerzos gratuitos o a menor costo.
“Lo que descubrimos es que, en general, los tres cambios propuestos reducirían el número de hogares que participan en SNAP en aproximadamente un 11% si esto se hubiera implementado en 2018. Es aproximadamente una reducción del 9,4% en el número de personas que participan y una reducción del 8% en los beneficios generales”, precisó Laura Wheaton, investigadora principal del centro que realizó del estudio.
Craig Gundersen, profesor de la Universidad de Illinois y estudioso del programa durante más de dos décadas, dijo que alrededor de un millón de personas podrían sufrir inseguridad alimentaria debido a los cambios. Hay que tener en cuenta que comenzar a padecer dicha inseguridad, significa para el afectado ver aumentar en $2.000 dólares los costos de la atención médica.
“Los cambios pondrían a muchos estadounidenses en una situación peor, aumentando el hambre y los problemas de salud. El objetivo esencial del programa es mitigar el hambre y sus consecuencias en Estados Unidos. Cualquier cosa que le impida hacerlo es muy problemático, ya que conduce a la inseguridad alimentaria en nuestro país”, recalcó.
Otros expertos señalan que las reglas propuestas por el gobierno provocarán que millones de personas tomen deducciones más pequeñas por los costos de alojamiento y servicios públicos, las cuales se consideran cuando el interesado solicita acogerse al programa. En la práctica, ello obligaría a los ciudadanos a elegir entre comprar alimentos y pagar la vivienda.
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