Un total de 106 opositores políticos cubanos recibieron el 2020 en las cárceles de la Isla, luego de que el régimen incluyera en diciembre pasado a tres nuevos prisioneros de conciencia en su lista de condenados.
Los nuevos presos políticos son Luis Enrique Santos Caballero, del Movimiento Opositor Juventud Despierta; Leudys Reyes Cuza, de FACOZT y Yeusandro Ochoa Leyva, activista independiente, según dio a conocer este jueves la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid.
A la lista se suman otros 20 imputados por su oposición al gobierno que actualmente están bajo la condición de licencia extrapenal o en régimen de prisión domiciliaria, lo que da un total de 126 condenados políticos.
El último en entrar a prisión fue Santos Caballero, que fue sancionado el 16 de diciembre a ocho meses de privación de libertad por haberse parado frente al Tribunal Provincial de Villa Clara con un cartel en el que pedía libertad para José Daniel Ferrer, Mitzael Díaz Paseiro y Ernesto Borges.
Santos Caballero fue sentenciado por el supuesto delito de desacato, tras un juicio sumario a puertas cerradas celebrado en la misma audiencia frente a la que hizo sus exigencias.
Por su parte, Reyes Cuza y Ochoa Leyva están acusados de un delito de desorden público. El primero entró al penal el 12 de diciembre y el otro lo había hecho el 7 de ese mismo mes.
De manera especial Prisoners Defenders se refiere al caso de Miguel Borroto, a quien el mes recién concluido se le había concedido el régimen de libertad condicional, y solo por ir a la sede de las Damas de Blanco le fue retirada dicha condición y ahora está recluido en el Combinado del Este.
Asimismo, la organización subraya la situación de cuatro reclusos a los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó Medidas Cautelares de Protección Internacional: Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto, Jesús Alfredo Pérez Rivas y Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá.
“Más de 10.000 civiles cubanos, no afiliados a organizaciones opositoras, son convictos de conciencia, y están actualmente condenados por acusaciones “predelictivas”, a condenas de entre 1 y 4 años sin delito asociado, por su desafecto y estado crítico con el sistema”, añadió el informe.
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