La familia de Francisco Rangel Manzano llegó a la prisión de Canaleta, en Perico, Matanzas, el 1 de noviembre con la certeza de llevarse a casa a su ser querido. Las propias autoridades penitenciarias habían confirmado esa fecha. Se fueron sin él: los funcionarios les comunicaron en la puerta que el preso político del 11J debía cumplir seis meses adicionales de reclusión por un supuesto «error administrativo», según denunció Infobae.
Rangel Manzano cumple una condena de seis años por «desórdenes públicos» tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en Colón, Matanzas. Fue juzgado en enero de 2022 y es miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel.
Su hijo, Hermes Rangel Naranjo, explicó a Martí Noticias que los funcionarios esgrimieron tres justificaciones para bloquear la excarcelación: errores en el cómputo de la sanción, expedientes que no habían sido actualizados digitalmente «por los apagones», y sanciones disciplinarias previas que habrían anulado rebajas de pena ya concedidas.
La excusa de los apagones —una crisis energética provocada por décadas de mala gestión del régimen— resulta especialmente reveladora: las mismas carencias que castigan a la población cubana en la calle sirven ahora de argumento burocrático para mantener encerrado a un preso político.
No es la primera vez que el régimen mueve el horizonte de libertad de Rangel Manzano. Su salida estaba prevista inicialmente para marzo de 2026, pero fue aplazada tras la retirada de beneficios penitenciarios. El 1 de noviembre era ya la segunda fecha comunicada a la familia, y también fue cancelada. La nueva fecha quedaría fijada en los primeros meses de 2027.
La organización de derechos humanos Cubalex cuestionó los argumentos oficiales y exigió la liberación inmediata del preso, el cese de las medidas que bloquean su excarcelación y el respeto de sus garantías. La entidad advirtió además que Rangel Manzano padece una cardiopatía de alto riesgo e hipertensión, y que prolongar su encarcelamiento representa un riesgo directo para su vida.
El estado de salud del preso es crítico. En julio, sufrió una crisis cardíaca grave en Canaleta y fue trasladado de urgencia a la enfermería de madrugada con falta intensa de aire, dolor en el pecho y presión arterial muy elevada. Su esposa, Regla Burunate, enfermera de profesión, describió el diagnóstico como «una posible miocardiopatía de etiología isquémica con disfunción sistólica moderada a severa del ventrículo izquierdo, lo que significa que es una condición muy grave».
Burunate responsabilizó directamente a las autoridades: «Responsabilizo a la Seguridad del Estado y a las autoridades penitenciarias de lo que pueda ocurrir. La condición de salud de Pancho es muy delicada, y ellos lo saben».
Cubalex enmarca el caso dentro de un patrón documentado de irregularidades administrativas y retiro de beneficios penitenciarios contra presos políticos que se acercan a completar sus condenas. Durante el primer semestre de 2026, la organización registró 43 casos de denegación o revocación arbitraria de licencias extrapenales, libertad condicional o progresión de régimen, más del doble que los 19 casos del semestre anterior.
Entre los afectados por este patrón figuran Jorge Martín Perdomo, cuya libertad condicional fue revocada en marzo de 2026 tras publicar denuncias en redes sociales, y Leonel Tristá García, obligado a regresar a prisión en junio de 2026 para cumplir el resto de una condena de ocho años vinculada al 11J.
Según Prisoners Defenders, al 1ro de octubre de 2026 había 1,372 presos políticos en Cuba, de los cuales, han documentado organismos independientes, más de 300 fueron encarcelados por las protestas del 11J.
La familia de Rangel Manzano aguarda aún una explicación oficial sobre el nuevo cálculo de condena y las condiciones en que continuará detenido.
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