Ex oficial cubano cuestionó las condenas de 20 años por hurto y sacrificio de ganado y terminó en prisión

Raúl Luis Risco Pérez, exteniente coronel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ministerio del Interior (MININT), reveló en una entrevista con Tania Costa para CiberCuba cómo su acceso a información privilegiada dentro del aparato militar del régimen fue el detonante de su ruptura con el sistema y su posterior colaboración con la oposición.

Risco Pérez, abogado nacido en Camagüey y hoy residente en Tampa, Florida, ocupó el cargo de segundo jefe a nivel nacional en la Dirección General de Cárceles y Prisiones, una posición que le permitió ver de cerca las contradicciones entre el discurso oficial y la realidad cubana. «No es lo mismo estar en una prisión en Camagüey —tú no sabes lo que está pasando en el mundo— que estar en la Dirección General de Cárceles y Prisiones y ser segundo jefe de una especialidad a nivel nacional como era el caso mío», afirmó.

Fue precisamente esa capacidad de observación lo que, según él, motivó al régimen a sacarlo de ese entorno. Todo empezó cuando entregó un informe documentando su oposición al proyecto de ley de Fidel Castro de aumentar las condenas por hurto y sacrificio de ganado, de 5 a 20 años de privación de libertad. En cuanto su informe llegó a los despachos de los jefes, lo tronaron y lo mandaron a trabajar a la cárcel de Cerámica, en Camagüey.

«Me envían castigado porque el objetivo fue sacarme de un lugar donde yo estaba ya viendo y percatándome de las cosas, porque tenía mucha mayor información», relató.

El traslado forzoso no frenó su proceso de toma de conciencia. Antes de cumplir un año en su nuevo destino, Risco Pérez ya había tomado una decisión: «Antes del año ya yo comienzo: que me voy, me voy, me voy».

Siendo aún militar activo, comenzó a colaborar con el Partido Pro Derechos Humanos de Camagüey, específicamente con el segundo del partido, a quien conoció a través de un pariente. Le pasaba informaciones que luego se transmitían por Radio Martí y otras publicaciones en Europa.

Sin embargo, la organización estaba infiltrada. El presidente del partido en Camagüey, identificado por Risco como Otto Duarte, resultó ser un agente encubierto de la Seguridad del Estado. «El presidente del partido en Camagüey era el señor Otto Duarte, que resultó ser el agente Yunior de la Seguridad del Estado», denunció.

Duarte utilizó esa posición para declarar contra presos del Grupo de los 75 durante la Primavera Negra de marzo de 2003, la mayor ola represiva contra la disidencia cubana desde los años sesenta. Sus testimonios afectaron directamente los juicios de Normando Hernández González, director del Colegio de Periodistas Independientes de Camagüey, condenado a 25 años de prisión, y de Mario Enrique Mayo Hernández, director de la agencia independiente Félix Varela, condenado a 20 años. También declaró contra Alejandro González Raga, hoy residente en España.

El uso de agentes infiltrados en organizaciones de derechos humanos es una práctica documentada de la Seguridad del Estado cubana para desarticular la oposición desde adentro, y el caso descrito por Risco Pérez ilustra con precisión ese mecanismo.

Risco Pérez fue condenado a cinco años de prisión en Kilo 7 por cargos que considera fabricados, y cumplió su condena hasta 2008. Desde el exilio, forma parte del Movimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia, que ha instado reiteradamente a las FAR y el MININT a no reprimir a la población civil.

Su mensaje hacia los soldados que aún sirven al régimen es directo: «Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer», declaró en mayo de este año ante NTN24.