Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo de Cuba Foto © Granma

Presidente del Supremo admite demoras, violación de procedimientos y sentencias mal redactadas en tribunales cubanos

Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, reconoció este jueves la existencia de deficiencias en el funcionamiento de los tribunales de la Isla, las cuales se corresponden con las principales quejas de la población.

El funcionario reconoció que en las salas de justicia existen demoras injustificadas en la realización de trámites, falta de profesionalidad y solemnidad en actos, violación de procedimientos y garantías establecidas en la ley e incluso sentencias que se toman sin tener suficientes elementos de prueba.

En la reunión anual del sistema de tribunales, que fue presidida por el gobernante Miguel Díaz-Canel, Remigio Ferro criticó también la elaboración de fallos judiciales con mala redacción y pobre argumentación, así como el trato descortés hacia la población por parte tanto de los magistrados como de los secretarios de las salas, y su desempeño esquemático y burocrático.

El dirigente subrayó que todo esto sucede en un contexto marcado por “el hecho de que la nueva Constitución de la República, en su definición y alcance, refuerza notablemente los derechos de las personas y las garantías que aseguran su cumplimiento”.

Ya en enero de 2019, en el acto de apertura del año judicial, el propio presidente del Supremo reconoció los puntos débiles de la institución, y anunció que durante ese periodo se habían propuesto corregir esas “desviaciones”.

“Todavía existen fisuras relacionadas con demoras injustificadas, errores y negligencias en la celebración de juicios, así como comportamientos impropios y violatorios de la ética”, dijo entonces.

Precisamente el tema de la justicia fue uno de los que más debate generó durante la consulta popular de la Constitución, celebrada en centros de trabajo y barrios entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre de 2018.

Un total de 18.283 cubanos se manifestaron a favor del derecho a la asistencia letrada desde el momento de la detención, al principio del proceso penal.

 

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