Nicolás Maduro y Vladimir Putin Foto © Wikimedia Commons

Otro golpe a Maduro: Petrolera estatal rusa Rosneft cancela operaciones en Venezuela

La empresa estatal Rosneft, la más poderosa corporación petrolera de Rusia, anunció el cese de todas sus operaciones en Venezuela y la liquidación de los activos relacionados con operaciones en el territorio sudamericano, informó la compañía en un comunicado.

Todos los activos y operaciones comerciales de Rosneft en Venezuela o conectadas de alguna forma con ese país sudamericano serán desechadas, terminadas o liquidadas. Por la venta de los activos, la petrolera rusa recibirá un pago de liquidación por valor de 9,6% del capital social de Rosneft, que quedará en manos de una subsidiaria. 

La empresa rusa dijo que está vendiendo sus negocios en Venezuela a una compañía propiedad del gobierno ruso, "incluyendo las empresas mixtas Petromonagas, Petroperijá, Boquerón, Petromiranda y Petrovictoria, así como a compañías de servicios de campos petroleros y operaciones comerciales". La empresa no mencionó el nombre de la firma a la que vendió sus negocios, informó Reuters.

Hace unas semanas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a la filial Rosneft Trading S.A., con sede en Suiza, en la lista de sancionados por sus vinculaciones comerciales con el régimen de Nicolás Maduro.

En ese momento, el gobierno de Vladimir Putin dijo que no cedería ante las presiones de Estados Unidos y que no cambiaría su posición ni sus convenios con el gobierno de Ni colás Maduro.

El Ministerio de Exteriores de Rusia también advirtió que las nuevas sanciones estadounidenses contra Rosneft afectarían aún más las relaciones entre Moscú y Washington.

No obstante, la presión contra el régimen venezolano continúa aumentando y la decisión tomada por la petrolera ocurre luego de que el Departamento de Justicia acusara a Maduro y a otros 14 miembros de su equipo como narcoterroristas, aunque se abstuvo de clasificar a Venezuela como país promotor del terrorismo.

La acusación presentada por el Departamento de Justicia incluye nueve demandas judiciales en tribunales federales de Nueva York, Washington DC,  Florida, Arizona y Texas, y constituye el punto de máxima presión ejercido por la administración de Donald Trump contra el régimen de Maduro para conseguir un cambio democrático en Venezuela.

El Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta $15 millones de dólares por información que lleve al arresto o procesamiento de Maduro. El resto de los encausados son Diosdado Cabello Rondón, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente; el vicepresidente Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino Lopez;  el presidente del Tribunal Supremo, Maikel José Moreno Pérez; y a Hugo Armando Carvajal Barrios, exdirector de la Inteligencia militar.

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