El excongresista cubanoamericano David Rivera, un republicano conocido por su férrea postura anticastrista, podría haber recibido pagos millonarios por servicios al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, según una demanda presentada este miércoles en un tribunal federal de Nueva York.
Esta suma se atribuye a la compañía petrolera estatal de Venezuela (PDVSA), que recurrió a Rivera como figura bien conectada en Florida para obtener de él “servicios de consultoría estratégica” por $50 millones, según un reporte del diario The New York Times.
PDVSA estaba al borde de la ruina financiera en 2017 cuando decidió pagar por asesoramiento de un experto que lograra sacar a flote la entidad. Una subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos dice haber desembolsado $15 millones con destino a Internamerican Consulting, la firma de Rivera.
La empresa venezolana pretendía, a través del excongresista, mejorar su reputación en Estados Unidos. La tarifa de contrato se elevaba a la cantidad de $50 millones por tres meses, pero la compañía de Rivera incumplió los acuerdos, lo cual condujo a una demanda interpuesta por PDV USA ante un tribunal del distrito de Manhattan.
Si bien la consultora del cubanoamericano solo obtuvo finalmente $15 millones, PDV USA asegura que la firma contratada “no realizó servicios significativos bajo el acuerdo, y ciertamente no realizó el nivel de servicios que razonablemente podría esperarse por una tarifa de aproximadamente $17 millones mensuales”.
Los informes que Interamerican proporcionó “se refieren genéricamente a un 'plan estratégico' ',' reuniones 'y' recomendaciones ', pero no describen un solo elemento del supuesto plan, no identifican participantes de la reunión o discusiones de la reunión, ni especifican qué recomendaciones se hicieron o a quién se hicieron", dijo PDV USA en la demanda interpuesta.
Interamerican Consulting preparó únicamente dos de los siete informes de progreso quincenales prometidos
Los demandantes dicen haberse negado a pagar los $35 millones restantes comprometidos por la petrolera estatal, actualmente supervisada por el líder opositor Juan Guaidó, a quien la administración del presidente Donald Trump reconoció como presidente interino de Venezuela en enero de 2019. Pero al momento de realizar los acuerdos, la parte venezolana estaba encabezada por Maduro.
Ahora los miembros de la junta nombrados por Guaidó buscan la devolución de los $15 millones a través de la demanda.
La compañía busca recuperar, con intereses, ese monto que finalmente pagó a Interamerican en más de tres cuotas de $5 millones entre marzo y abril de 2017, así como los daños compensatorios.
Ante las acusaciones, el cubanoamericano manifestó que en los acuerdos estaba implicada la compañía estadounidense Citgo, a la que pertenecen 6 altos funcionarios detenidos por las autoridades chavistas en 2017.
"Esta fue una operación dirigida por los presos políticos del Citgo 6 y miembros de la oposición venezolana, incluyendo a Leopoldo López, para financiar actividades contra el régimen de Maduro, incluyendo las protestas del verano del 2017. El cien por ciento de los recursos fueron utilizados por la dirección de la oposición venezolana", dijo Rivera en un comunicado enviado este miércoles a la prensa.
El excongresista, que se encuentra fuera del país, dijo además que el Departamento de Estado y miembros del Consejo de Seguridad Nacional estaban al tanto de esta operación.
Pero un abogado de Tomeu Vadell, uno de los ejecutivos de Citgo que permanecen arrestados en Venezuela, negó cualquier participación en este asunto.
Representantes de la oposición venezolana en Miami han rechazado también su vinculación a este proyecto. La embajada de Venezuela en Washington, encabezada por un representante de Guaidó, declinó realizar declaraciones sobre el litigio.
No es el primer litigio legal en que se ve envuelto el exlegislador cubanoamericano. Por ejemplo, en 2019, un juez federal restableció los cargos de financiamiento de campaña en su contra por su supuesta contribución de $70,000 a un candidato demócrata a las elecciones primarias que esperaba debilitaría a su oponente de las elecciones generales de 2012. El grupo de vigilancia Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington calificó a Rivera como uno de los miembros "más corruptos" del Congreso en 2012, explica una nota del portal Bloomberg.
En una declaración de 2012, Rivera, aliado político del senador cubanoamericano Marco Rubio criticó al entonces presidente Barack Obama por hacer la "vista gorda" ante la amenaza global planteada por Venezuela, liderada en ese momento por el mentor político de Maduro, Hugo Chávez.
Rubio, quien también ha sido acérrimo detractor del régimen de Maduro, dijo desconocer pormenores del caso, pero admitió que podrían ser "noticias preocupantes".
“Solo estoy al tanto de lo que fue reportado hoy por el New York Times. Pero si los hechos son tal y como se reportaron, serían noticias profundamente decepcionantes", dijo Rubio en una declaración enviada a CiberCuba.
Mientras estaba en el Congreso, Rivera dio muestras de su rechazo al gobierno venezolano y presionó para expulsar a un cónsul de ese país en Miami.
En el momento de la negociación con la compañía de Rivera, Maduro estaba tratando de ganarse el favor de la administración Trump, evitando las críticas directas al nuevo presidente de Estados Unidos mientras canalizaba $ 500,000 a su comité inaugural a través de Citgo, subsidiaria de PDVSA con sede en Houston.
Sin embargo, el escenario fue desfavorable cuando Washington aumentó la presión sobre Maduro y en agosto de 2017 impuso la primera de las sanciones gradualmente más restrictivas sobre PDVSA.
Pedro Burelli, un ex miembro de la junta de PDVSA y apegado a la oposición, dijo que la contratación de Rivera por una cantidad tan alta podía apuntar más al lavado de dinero del régimen de Maduro que el trabajo real de asesoría.
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