Al menos siete personas fueron arrestadas por las autoridades en el mercado TRD Caribe de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, después de pasar más de 24 horas en una cola para comprar alimentos.
“A las siete de la noche el pueblo se tiró a la calle, y se manifestaron. Hay siete detenidos, y ya, para la casa uno, sin poder comprar nada”, contó a Martí Noticias la activista Niurka Carmona, quien también acudió al lugar.
Un amplio grupo de personas había hecho fila en el establecimiento desde horas de la madrugada para finalmente no comprar nada.
“La gente estaba en la cola hasta las 4 de la mañana (...) Entonces vieron que iban a vender a las 12 del día aceite y pollo, y entonces, a las 12 del día, dijeron que no iban a vender, que lo iban a entregar a los médicos y el personal de salud trabajando con la COVID, que se quedaran ahí”, explicó.
Quienes esperaron hasta las 5 de la tarde, solo pudieron acceder a una “galleticas” que les vendieron, detalló Carmona, quien señaló que ninguno de los detenidos era activista u opositor. “Son personas de a pie, del pueblo, que están indignados”, comentó.
La activista dijo que algunos hablaron con la gerente de la tienda de la cadena TRD Caribe, la cual pertenece al conglomerado empresarial Gaesa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), pero su respuesta se basó en las disposiciones del gobierno.
“Ella nos dijo que había sido el gobierno que lo había orientado así", distribuir los productos solo al personal de la salud que labora en la contención de la pandemia de coronavirus. "Y ya. El pueblo... pasando hambre”, dijo Carmona.
En medio de la crisis del coronavirus, el país enfrenta un grave desabastecimiento de alimentos y productos elementales que obliga a la población a asistir a los mercados en grandes aglomeraciones, muchas veces sin respetar las medidas de distanciamiento social que se recomiendan para evitar la propagación de la pandemia.
Por demás, la enfermedad ha afectado drásticamente el turismo, una de las principales actividades que reportan beneficios económicos al régimen de la isla, oxigenando sus finanzas que cada día se despeñan más cuesta abajo, mientras que los aparatos propagandísticos enfatizan en las afectaciones del coronavirus en países con índices de desarrollo superiores.
Hace aproximadamente un mes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronosticó que la economía cubana caería un 3,7 por ciento en 2020, debido a los efectos de la pandemia en la región.
En diciembre el organismo había estimado que la economía regional crecería un 1,3% este año ya en medio de una desaceleración generalizada. Para 2020, las estimaciones han dado un giro y ahora se prevé que caerán 19 de las 20 economías latinoamericanas y 31 de las 33 de la región del Caribe.
En medio de un ambiente caracterizado además por la represión política, la Isla es considerada entre los tres países con menos libertad económica del mundo, según el ranking de libertad económica 2020 elaborado por la Fundación Heritage.
“Cuba ha estado gobernada por una dictadura comunista durante seis décadas. Después de que Raúl Castro renunció a la presidencia, Miguel Díaz-Canel fue seleccionado como gobernante en 2018, pero Castro retiene el poder real como jefe del Partido Comunista y las fuerzas armadas, que controlan gran parte de la economía”, recuerda la fundación.
Para el grupo, “el sector agrícola estatal está hambriento de inversiones y el sistema bancario es primitivo”.
“El gobierno controla y regula la inversión extranjera. El sector financiero está fuertemente regulado, y la superficialidad del mercado financiero obstaculiza gravemente el acceso al crédito para la actividad empresarial. El estado mantiene controles de capital e intercambio”, añade.
El propio gobierno reconoció los efectos de la crisis en el país por el contexto del nuevo coronavirus, avisando que consideraba aplicar medidas tomadas durante el llamado Período Especial para hacer frente a la situación.
“Podemos utilizar algunas medidas tomadas en aquel tiempo, como el ahorro y el uso eficiente y racional de los recursos”, dijo Rodrigo Malmierca Díaz, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, quien agregó que la administración trataría “de evitar que, en el caso de los alimentos, haya afectaciones a la población”.
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