El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, aseguró este martes en la Mesa Redonda que durante la crisis del nuevo coronavirus en Cuba se concedieron más de 10 mil beneficios de excarcelación anticipada y se modificó la medida cautelar de prisión provisional a 283 acusados.
En abril el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Popular, Otto Molina Rodríguez, dijo ante la prensa oficialista cubana que se les había otorgado la libertad a 6579 personas como medida de contención ante la propagación del virus en el país.
Molina explicó en ese entonces que se realizó una modificación de la medida cautelar de prisión provisional, por la cual una persona está detenida mientras espera a que se produzca el juicio. En este caso, la medida se aplicó a ciudadanos que presentaron una buena conducta desde su detención, no representaban un peligro y de los cuales no había indicios de que fueran a evadir la justicia, por lo que podían esperar el juicio en su casa con las restricciones correspondientes, agregó Molina Rodríguez.
El Ministerio de Salud Pública ha asegurado que en las cárceles cubanas no se reportaron casos positivos de COVID-19. Una de las medidas aplicadas para evitar la propagación de la enfermedad en los recintos carcelarios fue la suspensión de las visitas de familiares, las cuales se reanudarán durante la etapa de desescalada y regreso a la normalidad, según informó el primer ministro Manuel Marrero.
Sin embargo, ningún funcionario cubano ha mencionado que durante estos meses de confinamiento se han incrementado la persecución y represión a opositores, activistas o ciudadanos que publican a través de las redes sociales contenido que el Gobierno considera contrario a sus preceptos o dañino para su imagen; lo que ha llevado a que muchos hayan sido sancionados con el Decreto Ley 370.
Aunque el Gobierno de Cuba no reconoce la existencia de presos políticos, "se emplean contra prisioneros como Silverio Portal Contreras con cuotas adicionales de ensañamiento y crueldad", dijo CiberCuba Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
Portal Contreras fue condenado por los artículos 100.1.2 y 144.1.2 del Código Penal vigente en Cuba, que tipifican como delitos el Desorden Púbico y el Desacato. El tribunal, basándose en ambos artículos, consideró que el "acto fue con el propósito de causar tumulto y ofender y ultrajar de palabra la dignidad del entonces presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, aseguró el opositor Partido Revolucionario Cubano (PRC), en una nota.
Otro ejemplo del trato represivo a los presos políticos ha sido denunciado a propósito de la muerte del joven de 33 años Sandi Fernández Ortiz, en Santiago de Cuba. La opositora Alianza Democrática Oriental (ADO) aseguró que el fallecimiento se debió a una sepsis generalizada, agravada por una deficiente atención médica y las terribles condiciones del penal.
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