
El preso político del 11J Denis Hernández Ramírez denunció, a través de la organización Cubalex, que los internos de la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, llevan más de una semana sin poder salir a los patios ni a los espacios destinados a tomar el sol.
Según la información, la restricción fue impuesta por un oficial identificado como el teniente coronel Edgar, y afecta tanto a presos políticos como a reclusos comunes.
Entre los presos políticos perjudicados por la medida figuran Marcos de la Luz Caballero Granados, Alexander Fábregas y Jorge Martín Perdomo, además del propio Hernández Ramírez.
Él fue condenado a seis años de prisión tras el 11J y excarcelado en enero de 2025 en el marco del acuerdo entre Cuba y el Vaticano. Sin embargo, su libertad condicional fue revocada en marzo pasado después de que publicara en redes sociales denuncias sobre vigilancia y acoso de la Seguridad del Estado.
Cubalex encuadra la prohibición como una posible represalia o castigo colectivo, y advierte que privar deliberadamente a los reclusos del acceso al patio puede vulnerar estándares internacionales de derechos humanos cuando se emplea como mecanismo de presión o sanción.
La organización recuerda que la Regla 23.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos —conocidas como Reglas Mandela— establece que todo recluso que no trabaje al aire libre debe disponer de al menos una hora diaria de ejercicio físico fuera de su celda, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.
La Regla 43 de ese mismo instrumento prohíbe expresamente los castigos colectivos y cualquier sanción que constituya tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
Un informe del Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura, publicado en 2023, precisó que el ejercicio al aire libre es un derecho básico que no puede quedar sujeto a la discreción del personal penitenciario ni ser retirado como beneficio.
Guanajay no es un caso aislado. Cubalex documentó restricciones similares de acceso al exterior durante 2026 en El Pre (Santa Clara), la prisión 1580, el campamento de trabajo forzado El 18, la prisión de Mujeres de Occidente (La Habana) y el campamento Ho Chi Minh (Bainoa, Mayabeque).
Ese patrón se inscribe en una escalada represiva más amplia: la organización registró 18 incidentes de aislamiento en celdas de castigo solo entre el uno y el 26 de octubre, con 95 reos afectados, y 85 incidentes de ese tipo durante el primer semestre del año, dentro de un total de 1,894 hechos de violaciones de derechos humanos documentados, un aumento del 48 % respecto al segundo semestre de 2025.
Guanajay es también la cárcel donde permanece recluido el rapero Maykel Osorbo, quien en octubre fue esposado y obligado a raparse la cabeza durante una requisa con más de treinta guardias de una brigada especial.
Cubalex exigió la liberación de todas las personas encarceladas arbitrariamente por ejercer su derecho a la expresión, la reunión y la manifestación pacífica, y subrayó que la exposición a la luz natural y las necesidades básicas de salud no pueden convertirse en herramientas de castigo en manos de las autoridades penitenciarias.
Al primero de octubre, Prisoners Defenders contabilizó 1,372 presos políticos en Cuba, cifra récord histórico, con 193 casos más que en el mismo mes de 2025.
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