El expreso político Julián Manuel Mazola Beltrán acumula 27 días recluido en un calabozo bajo control de la Seguridad del Estado sin que el régimen cubano haya presentado prueba alguna en su contra, según denuncias de la organización Defensa Cuba Decide y el ICLEP recogidas por Infobae.
Mazola, oriundo de San Antonio de los Baños (Artemisa), fue detenido el 9 de octubre tras acudir a una citación de un agente de la Seguridad del Estado. Después fue llevado a su propia vivienda para un registro y trasladado a una unidad policial.
Seis días más tarde, el 15 de octubre, se conoció que la Fiscalía le había abierto un proceso penal por «propaganda contra el orden constitucional», figura del artículo 124 del Código Penal cubano que prevé penas de entre tres y diez años de prisión.
Su familia lo visitó el martes y lo encontró con un cuadro de salud que genera alarma: ha sufrido episodios de desmayo que atribuye a la presión arterial baja, agravada por la comida en mal estado que recibe en el calabozo y que le impide alimentarse con normalidad.
La única respuesta de las autoridades ante esa situación fue autorizar la entrega de un paquete de galletas al oficial de guardia, además de permitir visitas familiares los martes y jueves.
Defensa Cuba Decide cuestionó esa respuesta, reclamó atención médica adecuada y exigió que la visita de su abogada, prevista para este viernes, se realice de forma plena y sin restricciones. El instructor a cargo del expediente no estaba presente cuando la familia acudió a verlo.
Mientras tanto, la Fiscalía ordenó un peritaje técnico del teléfono celular incautado el día del arresto. Los resultados se esperan para este sábado. «Casi un mes después, el régimen sigue sin presentar pruebas y mantiene a Julián preso mientras revisa su teléfono en busca de algo que justifique haberlo encarcelado», señaló Defensa CD en su comunicado.
El caso adquiere una dimensión adicional porque Mazola es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgadas en junio de 2024, que instan al Estado cubano a protegerlo frente a amenazas e intimidaciones. Defensa CD e ICLEP consideran que la detención sin pruebas, las condiciones de alimentación y los desmayos constituyen un posible incumplimiento de esas medidas.
Esta no es la primera vez que Mazola enfrenta la represión del régimen. Tenía 21 años cuando fue arrestado durante las protestas del 11J en San Antonio de los Baños, una de las localidades donde se iniciaron las mayores manifestaciones populares en Cuba en décadas.
La Fiscalía solicitó entonces 12 años de prisión; el Tribunal Provincial de Artemisa lo condenó a cinco años en marzo de 2022 y rechazó su apelación dos meses después. Durante esa primera reclusión en Guanajay, activistas denunciaron golpes, celdas de castigo y restricciones para comunicarse con su familia. Cumplió la condena y quedó libre en 2025.
Su nueva detención se inscribe en un patrón documentado de reencarcelamiento de expresos del 11J. Denis Hernández Ramírez, Yoan de la Cruz, Andy García Lorenzo y Alexander Díaz Rodríguez —este último enfermo de cáncer— fueron detenidos nuevamente entre marzo y octubre de este año en circunstancias similares.
El cargo de «propaganda contra el orden constitucional» también fue imputado esta semana a la periodista Yoani Sánchez, detenida durante más de nueve horas antes de ser liberada, lo que evidencia el uso sistemático de esa figura legal para castigar la disidencia y la libertad de expresión en Cuba.
Según Prisoners Defenders, Cuba contaba con 1,356 presos políticos al 7 de octubre de 2026, mientras que Justicia 11J contabilizaba 338 personas aún encarceladas por su participación en las protestas de julio de 2021.
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