El Ministerio del Interior confiscó 90 sacos de harina de trigo a un panadero en Holguín, quien tenía una licencia de cuentapropista como propietario de un restaurante privado, negocio conocido en la isla por el nombre de paladar.
A pesar de que el acusado tenía una patente para la fabricación de panes, las autoridades esgrimieron que el cargamento fue sustraído de los almacenes "El Expreso", pertenecientes a la Cadena Cubana del Pan (CCP), de acuerdo con un reporte de la televisión oficialista holguinera.
Con esa cantidad de mercancía, se podían elaborar más de 33 000 panes de corteza suave de 200 gramos cada uno. Según la prensa oficialista, el cargamento fue adquirido de forma ilegal por el ciudadano cubano residente en el reparto Pueblo Nuevo.
La investigación concluyó que los responsables de las transferencias y los cuños de los almacenes estatales, presuntamente estaban implicados en los hechos.
Un oficial explicó que el modus operandi empleado consistía en referir “un faltante origen de la harina de trigo, la cual posteriormente distribuían a las panaderías y les quedaba un excedente que comercializaban en el mercado informal”.
Por los supuestos delitos de “apropiación indebida” se encuentran detenidos el mencionado cuentapropista, el jefe del almacén estatal, un almacenero, el chofer del camión donde fue trasladad la mercancía.
Un funcionario declaró que se han “incrementado los controles sorpresivos” y “los que están planificados se mantienen a todos los niveles tanto en las fábricas como en los almacenes”.
El reporte se suma a la campaña oficialista que el régimen promueve en una cruzada contra las “ilegalidades”, actividades que en gran parte son condicionadas por la falta de un mercado en que los cuentapropistas puedan adquirir las mercancías necesarias para su negocio de manera legítima, además de la abundante escasez y la crisis económica en la isla.
Incluso el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel ha ensalzado el rol de estos operativos y la “importancia” de que estos sean televisados. En una reunión acontecida en junio, Díaz-Canel aseguró que tanto las acciones policiales como su difusión, impulsadas a partir del contexto del nuevo coronavirus, se mantendrían en la etapa de recuperación post-pandemia.
El gobernante expuso que era importante sostener “la intensa lucha en el enfrentamiento a la corrupción y a las ilegalidades; y haciendo público un grupo de casos con toda la profesionalidad que eso lleva y con todos los códigos de comunicación social que debemos mantener”.
“Seguimos con esa intensidad. Eso llegó para quedarse y lo vamos a continuar haciendo permanentemente”, aseguró.
En una reciente emisión de la Mesa Redonda, se trasmitió una intervención de Díaz-Canel donde llamaba a enfrentar con “profilaxis” las actitudes de cubanos que presuntamente lucran de las necesidades del pueblo. “Estamos actuando a pedido, a solicitud, por denuncia y por insatisfacción de la población. La población lo está pidiendo”, afirmó.
Por otro lado, el primer ministro Manuel Marrero informó que el gobierno había reclutado a más de 22 mil personas para hacer frente y reprimir a los llamados “coleros”, personas que venden turnos en las innumerables filas que se hacen en la isla para comprar productos de primera necesidad.
Las primeras brigadas contra los coleros fueron creadas precisamente en Holguín, a iniciativa del partido comunista en esa provincia, para acabar con la reventa, el acaparamiento, el encarecimiento de los precios y el desabastecimiento de productos básicos. Tal proyecto ha ido extendiéndose rápidamente a todo el país.
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