Las autoridades cubanas decomisaron bienes materiales a varios funcionarios de la provincia de Guantánamo que habían desviado cigarros de una bodega estatal.
Las autoridades del Ministerio del Interior, MININT, hicieron un registro en las viviendas de los funcionarios implicados en una actividad económica ilícita, quienes trabajaban en una unidad básica de la Empresa de Comercio de Guantánamo, según un reporte de TVSolvision.
Las investigaciones revelaron que el jefe del lugar, una revisadora y dos administradores de bodega "desviaban asignaciones de cigarros criollos al mercado informal", ocasionando pérdidas de más de 87 500 pesos.
En una de las casas registradas, además, se detectó una fábrica ilegal de bebidas alcohólicas, y los funcionarios del MININT incautaron bienes como motos, split, computadoras, incluso una casa, entre otros.
También aseguraron que con las ganancias de los recursos desviados los implicados habrían podido construir y acomodar sus viviendas.
En los últimos tiempos las autoridades cubanas han fortalecido las redadas contra los cuentapropistas y personas que hacen negocios en la Isla.
El pasado mes de mayo la policía decomisó una gran cantidad de mercancías, dos automóviles, equipos de aire acondicionado y un millón 52 mil 500 pesos en efectivo, durante una operación conjunta en sendas casas, ubicadas en la calle Fábrica número 254, y Santa Ana, del barrio habanero de Luyanó.
Asimismo, recientemente las autoridades decomisaron en La Habana cientos de piezas de repuesto de automóviles y más de un millón de pesos -en diferentes monedas- a un trabajador por cuenta propia del Cotorro.
Casi todos estos decomisos, incluso juicios, han sido televisados por los canales de la Isla, como una especie de escarmiento a la población.
Ante estos procedimientos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció la ola de juicios ejemplarizantes que el gobierno cubano está televisando a modo de reportaje en su Noticiero Nacional.
"Es también un contrasentido que (el gobierno) dé lecciones legales a supuestos acaparadores, negociantes y receptadores, cuando no garantiza ni un sustento mínimo para los ciudadanos o cuando las tiendas estatales venden productos a precios abusivos, cuando los ha comprado a precio de gangas en el extranjero", sostuvo OCDH.
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