Un hombre identificado como Osmidy Vera Ortega fue detenido en el municipio Calimete, provincia de Matanzas, acusado de sacrificio ilegal de ganado mayor, según publicó el perfil oficialista de Facebook Con Todos La Victoria.
La fuente precisó que las autoridades interceptaron a Vera Ortega mientras se desplazaba en un vehículo de tracción animal.
En el momento del arresto, el hombre transportaba «un saco que contenía más de 100 libras de carne de ganado mayor».
Durante el registro, los agentes le ocuparon además una mocha y la ropa que vestía, que «presentaba manchas de sangre», según indicó la misma fuente.
El detenido quedó a disposición de las instancias judiciales correspondientes, mientras las investigaciones avanzan para determinar si existen «posibles vínculos con redes de comercialización ilegal de carne», según la publicación.
El perfil oficialista cerró su nota con su habitual consigna: «¡Frente al delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales, TOLERANCIA CERO!».
Lo que dice la gente: entre la condena y la desconfianza
La publicación del perfil oficialista generó un debate polarizado en los comentarios, donde la pregunta más repetida no fue si el acusado era culpable, sino cuál será el destino de la carne decomisada.
«Para la casa del policía, ¿dónde más?», escribió un usuario.
Otro fue más directo: «Total, la decomisan y se la comen los policías; que sigan robando, es la única forma de adquirirla».
Varios comentarios apuntaron a la crisis alimentaria como causa de fondo: «El hambre no justifica el delito, pero explica muchas cosas» y «La ley es muy dura para el que mata una vaca, pero muy blanda con quienes tienen al país pasando hambre».
También hubo voces que exigieron castigo sin atenuantes: «Veinticinco años tras las rejas, trabajando y produciendo alimentos para el pueblo. Que pague lo que hizo».
Pero incluso entre quienes pedían mano dura, apareció la misma sospecha: «Si fuera un dirigente, no pasaba nada» y «Que investiguen también a dónde va toda la carne decomisada».
«El verdadero delito es que el cubano no pueda comprar carne libremente», resumió otro comentario, desplazando el debate del hecho policial hacia la crítica al sistema que da lugar a hechos semejantes.
Un patrón que se repite en Matanzas
El caso de Calimete no es un hecho aislado.
La provincia de Matanzas acumula una cadena de operativos similares a lo largo de 2026.
El 24 de julio, apenas días antes de este arresto, cinco hombres fueron detenidos en Cárdenas mientras sacrificaban tres reses en el Consejo Popular La Marina, con un decomiso de 202,5 kilogramos de carne.
En mayo, otro cubano fue capturado en Pedro Betancourt con 33 libras de carne y 35 litros de petróleo vinculados a un robo previo.
En abril, un hombre fue arrestado en Perico acusado de robar y sacrificar ilegalmente un ternero
Y en enero, dos personas fueron detenidas en Matanzas con libras de carne, huesos y vísceras.
Las cifras de fondo son reveladoras: en 2024, la provincia registró pérdidas de 12,459 cabezas de ganado por hurto y sacrificio ilegal, unas 1,500 más que el año anterior, según datos de Radio 26.
Las penas y la realidad que no cede
El Código Penal cubano vigente desde 2022 (Ley 151/2022) establece penas de 4 a 10 años por sacrificio ilegal de ganado mayor ajeno, y de tres a ocho años por tráfico de esa carne.
Con agravantes, las condenas pueden alcanzar 15 ó 20 años.
A pesar de esa severidad, el fenómeno no retrocede.
En 2024, un total de 1,615 personas fueron sancionadas por estos delitos en todo el país, el 78% con penas de hasta 15 años.
El contexto estructural explica en parte la persistencia del problema: Cuba ha perdido más de 900,000 cabezas de ganado vacuno desde 2019, y la producción de carne de cerdo se desplomó un 93,2% en 2023 respecto al año anterior.
El mercado negro se ha convertido para muchas familias en la única vía de acceso a proteínas.
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