El Gobierno cubano especula sobre el inicio de una reforma monetaria y empresarial en medio de un elevado proceso inflacionario que no permite reactivar la oferta de insumos en el mercado nacional y promueve la desconfianza en su sistema bancario.
El régimen cubano padece la mayor crisis de su historia y su estrategia ha sido la creación de Organismos Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) que subordinan las relaciones mercantiles de las pequeñas y medianas empresas privadas, a pesar de su encadenamiento con el sector estatal.
El discurso presentado por Díaz-Canel no cuenta con un programa que devuelva la confianza de los ciudadanos en los bancos nacionales y por ello se consolidan los mercados financieros informales que hoy utilizan los cuentapropistas frente a la dolarización parcial de la economía.
El modelo económico cubano, dirigido a la centralización de la economía y al fortalecimiento de la empresa estatal socialista en detrimento de los privados, afecta la captación de divisas y el intercambio comercial e incide en las absurdas medidas de control que se establecen para la exportación en frontera (Zona Especial de Desarrollo Mariel).
Pero, la visión económica más vernácula ha promovido reducir el papel de los emprendedores en el comercio local mediante un incremento sostenido de los costos en los productos que poseen elementos importados, para limitar su competitividad y el papel de los consumidores finales.
Las deformaciones estructurales de la economía son ahora claves porque los cuentapropistas las están aprovechando para contratar a trabajadores cualificados a costos razonables, gracias a la migración de recursos humanos desde empresas estatales, donde vegetan sin estímulo ni reconocimiento.
El funcionamiento de los bancos cubanos debería transformarse para facilitar la captación de divisas durante el trasvase hacia el sector privado de las actividades que hoy están en manos de la empresa estatal socialista, incentivando la creación de PYMES orientadas a la exportación de servicios profesionales.
La indiferencia del estado golpea a 650 mil negocios que han funcionado como empresas privadas en los últimos 10 años, sin un sistema tributario favorable para hacer frente a un escenario complejo por el mal funcionamiento de la política monetaria y cambiaria.
La práctica económica más popular entre los privados, luego del impacto de la COVID-19, fue restringir sus operaciones a CUP para su posterior cambio a dólares norteamericanos porque se acentuaron las carencias en la economía doméstica ante la paralización del país; aunque también operan con otras divisas extranjeras, como el euro que -junto al USD- han devenido monedas refugio.
La flexibilidad del sector privado, centrada en la microeconomía, ha permitido su consolidación como líder en la oferta de los mercados locales en el interior de Cuba, conectar con el sector público para satisfacer las demandas acumuladas y participar en el comercio exterior.
La indiscutible resistencia de los cuentapropistas articulándose en los mercados formales e informales ha impulsado el proceso de institucionalización de sus actividades como PYMES, razón que ha de barrer con las falsas cooperativas que existen y apresurar la reforma tributaria para garantizar un marco legal adecuado.
Actualmente, el entorno empresarial cubano amerita un ajuste en la política de precios y la eliminación de los subsidios a entidades con pérdidas para estimular las funciones dinerarias de la moneda nacional y llevar a cabo la medición real de la rentabilidad de las entidades económicas en Cuba.
El sistema de relaciones económicas cubanas está paralizado porque no busca democratizar la competitividad en el mercado interno ni disminuir las importaciones, a pesar de que los privados han modificado su rol y son ahora las empresas socialistas quienes complementan sus actividades con destino a la exportación.
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