Comienza un nuevo curso escolar en Cuba marcado por la pandemia y las incertidumbres económicas, sociales y políticas que se agudizan por todo el mundo.
En todos sitios, los padres afrontan este momento con inquietudes sobre la seguridad de sus hijos y la calidad de la enseñanza que recibirán. En momentos de crisis como el actual se agudiza la conciencia sobre el futuro que aguarda a las nuevas generaciones.
Aunque el conocimiento científico sea común al género humano, y el área del triángulo se calcule siguiendo a Pitágoras, lo mismo en Rusia que en Japón; la escuela como institución se comprende en relación con el conjunto de muchas otras que conforman la institucionalidad de un Estado, desde su Administración Pública, hasta su gobierno y sus leyes. Una cosa es el conocimiento y la enseñanza de leyes científicas; otra, la visión y los objetivos de la educación pública en un sistema político determinado.
En países de institucionalidad democrática y pluralista la misión de la enseñanza no es la misma, evidentemente, que en aquellos donde imperan regímenes autoritarios o totalitarios. Los principios que orientan la educación en unos no suelen coincidir con los de otros. Más allá de los recursos destinados a una u otra política de educación, la clave está en el papel que asigna cada sistema sociopolítico a la formación de sus ciudadanos.
Los principios sobre los que se fundamenta la política educacional y cultural cubana se basan en “el ideario marxista y martiano, la tradición pedagógica progresista cubana y la universal”. Aunque haya desaparecido de su redacción actual, la Constitución cubana sigue consagrando el principio de “promover la educación patriótica y la formación comunista de las nuevas generaciones”. Este principio es lo más parecido que hay al adoctrinamiento, según lo define la RAE: “inculcar a alguien determinadas ideas o creencias”.
La participación masiva de niños y adolescentes en actos movidos por la ideología (sin necesidad de autorización paterna), la obligatoriedad de “querer ser como el Ché” o la carga ideológica presente en todos los libros de texto en las escuelas cubanas, han marcado indefectiblemente el desarrollo y el pensamiento de los nacidos después del 59.
Basta leer el preámbulo de la Constitución para entender cuál es el contexto en el que se despliega toda política en Cuba, en especial la de educación. Subordinadas a este orden político institucional, las escuelas en la isla se llenan en estos días de uniformes, consignas y pañoletas, portadoras de un mensaje ideologizado que se enmascara en el precepto martiano de que un pueblo culto será siempre fuerte y libre.
Una retórica que se complementa -por ejemplo- con la aprobación del Decreto-Ley 370, conocido también como Ley Azote, aprobado con la finalidad exclusiva de coartar la libertad de prensa, pensamiento y expresión en la Isla. Otra vuelta de tuerca al “dentro de la revolución, todo; contra la revolución nada”, que ha marcado la política cultural cubana desde 1961.
En contraposición a ello, está la visión del papel de la educación en democracia. Por poner un ejemplo, el manifiesto[1] redactado por la comunidad pedagógica de España en 2018 ilustra muy bien este contraste:
“La educación democrática se opone a todo tipo de adoctrinamiento y apuesta por la autonomía personal y el pluralismo ideológico. Ser capaz de pensar por sí mismo, sin aislarse de la comunidad y teniendo en cuenta las distintas posiciones enfrentadas, es un objetivo que la educación democrática debe proponer a la ciudadanía. La educación democrática se opone a todo tipo de adoctrinamiento y manipulación, así como a la desinformación y a la mentira. La educación para la autonomía personal y el pensamiento crítico son un antídoto contra la inculcación ideológica y una fuente de ideas no dogmáticas y originales que contribuyen al bienestar del conjunto de la comunidad”.
Esta visión de la educación como derecho fundamental es objetivamente distinta a la que se implementa en Cuba. La Constitución Española lo recoge así en el art. 27: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza… la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales... los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones… se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales… se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca”.
La pandemia desatada por el coronavirus afecta por igual a padres e hijos que ahora se aprestan a empezar un nuevo curso académico, dejando entreabierta la puerta a cambios de paradigmas, así como revelando debilidades y fortalezas de los Estados en esta materia.
Sin embargo, los padres y estudiantes cubanos, además, tienen ante sí el enorme desafío que supone transformar la visión que tiene el Estado, es decir el régimen totalitario, de cuáles deben ser los principios que guíen la educación y la formación de sus ciudadanos.
Para ello se necesita una educación que favorezca el pluralismo y la diversidad frente al pensamiento dicotómico “dentro/fuera”, que no consagre una cultura de la violencia y que, parafraseando a Martí, nos permita ser libres para ser cultos.
[1] Manifiesto por una educación democrática en valores
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