La Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) demandó este domingo la intervención de la comunidad internacional y de los sistemas internacionales de protección, para detener las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, calificados como crímenes de lesa humanidad por Naciones Unidas.
Al tratarse de crímenes de lesa humanidad, la ODCA sostiene que deben ser investigados, perseguidos y sancionados por la Corte Penal Internacional, en conformidad con el Estatuto de Roma, con la finalidad de impedir la impunidad de los responsables y restablecer el respeto a los derechos fundamentales de las personas.
Los demócratas cristianos cubanos suscriben el llamado de su organización regional a que la Corte Penal Internacional persiga y condene a altos funcionarios del régimen venezolano, implicados en los crímenes denunciados por la ONU y consideran "imposible, en el momento actual" la celebración de unas elecciones, bajo el control de los actuales gobernantes de Venezuela, dijo Yaxis Cires Dib, Coordinador Ejecutivo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) de Cuba
"Será difícil que el régimen criminal de Maduro se desmonte si no se redobla también la presión internacional sobre sus aliados y si se sigue descartando la posibilidad de una intervención humanitaria multilateral", concluyó Cires Dibb en sus declaraciones a CiberCuba.
La ODCA se apoya en el último informe de Naciones Unidas sobre violaciones extremas y sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela, donde el régimen dictatorial encabezado por Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad, según constataron expertos internacionales en una visita de trabajo reciente al país sudamericano.
El gobierno de Maduro no solo ha fallado en su deber de proteger a los venezolanos, sino que ha "promovido y ejecutado activamente la violación a los derechos humanos como una práctica sistemática del Estado”, asegura ODCA.
“El sistema de justicia y las fuerzas de seguridad participan en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, abusos sexuales y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”, enumera ODCA en su demanda de intervención internacional en Venezuela, donde las autoridades reprimen a los opositores políticos para sostener y perpetuar un sistema totalitario en ese país.
La Organización Demócrata Cristiana de América expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y su compromiso de apoyarlo en el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos y advierte que bajo el control del criminal régimen de Maduro es imposible que esas elecciones “sean limpias y reflejen la voluntad de los venezolanos”.
El informe de Naciones Unidas
Basado en más de 270 entrevistas con víctimas, testigos, ex oficiales y abogados, así como documentos confidenciales, el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela indica que las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos aliados cometieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidos asesinatos y torturas, que equivalen a crímenes contra la humanidad.
Asesinatos extrajudiciales como el del general Christopher Figuera, exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia, fueron cometidos por funcionarios del ejército, la policía y la inteligencia, indicó el informe de esta Misión. Asimismo, se cree que el capitán de la Marina, Rafael Acosta, murió en 2019 tras haber sido torturado bajo custodia de la agencia de inteligencia militar DGCIM.
Las denuncias de que los servicios policiales, la inteligencia y contrainteligencia, así como las fuerzas represoras venezolanas están asesoradas por militares cubanos, son cada vez más frecuentes. No solo se denuncia esta “asesoría”, sino la participación de agentes cubanos en los interrogatorios y torturas a disidentes y miembros de la oposición venezolana.
Este martes, el politólogo y profesor cubano Armando Chaguaceda aprovechó la conmemoración del Día Internacional de la Democracia, para lanzar su nuevo libro: La otra hegemonía: Autoritarismo y resistencias en Nicaragua y Venezuela, en el que documenta la condición de tiranos de Daniel Ortega y Nicolás Maduro.
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