El asesor del Ministerio de Salud de Panamá (MINSA), Francisco Sánchez Cárdenas, declaró que no importaba cómo el gobierno cubano se las arreglara con los médicos enviados a esa nación centroamericana, siempre y cuando les ayudaran a enfrentar la crisis generada por el COVID-19.
En una entrevista concedida al programa Polígrafo del periódico La Estrella, el funcionario dijo que "el gobierno cubano verá cómo se arregla con sus médicos, nosotros queremos que nos solucionen".
Igualmente, Cárdenas dejó claro que la participación de galenos cubanos en Panamá había estado sujeta a un convenio entre ambos gobiernos, por lo que Panamá pagaría al gobierno cubano y no a sus médicos por los servicios que ellos brinden en el país istmeño.
Sobre las calificaciones de los médicos cubanos para empezar a laborar en el país dijo que debían pasar primero por un Consejo Técnico, y que no creía que los profesionales de la Isla tuvieran algún problema para cumplir las evaluaciones pertinentes debido a su experiencia. También recalcó que Panamá se encontraba en un estado de crisis, y no podía permitirse estar con tantos "legalismos".
La llegada de los médicos cubanos, al tiempo que se espera genere cierto alivio en la complicada situación que vive ese país, ha desencadenado cierto malestar en la comunidad médica panameña.
El pasado 25 de diciembre, el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Enrique Mendoza, renunció al Consejo Consultivo de Salud, puesto que no podía permitir que se permitiera "el ejercicio de la medicina a ciudadanos extranjeros que no cumplan con las leyes de la República", ya que Panamá había implementado en los últimos años un sistema de mecanismos legales y académicos que permitieran garantizar las competencias y conocimientos de los profesionales de la salud.
Dos días más tarde, y en referencia a este mismo tema, la Sociedad Panameña de Cardiología se manifestó en contra de la llegada de los médicos cubanos a ese país, pues los médicos cubanos contratados no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley 89 de 2013 sobre la contratación de personal de salud extranjero de manera temporal por servicios profesionales.
El gobierno panameño ha estimado contratar a los médicos cubanos por tres meses prorrogables, con un salario aproximado de $591.197 dólares, por lo que La Habana estaría recibiendo casi dos millones de dólares al terminarse lo estipulado en el acuerdo.
Recientemente y debido a las irregularidades mostradas en el trato por parte del gobierno cubano a sus médicos destacados en misiones, lo que usualmente ha sido reportado como explotación laboral, Human Rights Watch alertó al presidente panameño Laurentino Cortizo para que no fuera "cómplice de violaciones de derechos humanos del régimen cubano".
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