Los inspectores de transporte en La Habana podrán multar a quienes violen las medidas sanitarias establecida para evitar contagios y propagación del coronavirus en Cuba.
Tendrán la potestad para aplicar el Decreto 14 según el cual un infractor de los protocolos de la COVID-19 puede ser multado con cuantías de hasta tres mil pesos.
El coordinador de Fiscalización y Control del Gobierno de La Habana, Orestes Llanes Mestre, informó la medida e indicó que en la jornada del jueves se impusieron alrededor de 100 multas de dos mil pesos por estas causas.
El gobierno recrudece así los controles con el objetivo de reforzar la disciplina ciudadana y la obligatoriedad de respeto a los protocolos sanitarios por la crisis del coronavirus.
El coordinador también se refirió a la importancia de evitar aglomeraciones, por lo que serán atendidas especialmente, por los inspectores habaneros, las colas, las capacidades en los medios de transporte, en cafeterías y en paladares.
En el caso de negocios gastronómicos los responsables de los establecimientos que incumplan las medidas establecidas podrían llegar a pagar hasta tres mil pesos y pueden sufrir el retiro de la licencia para ejercer la actividad por cuenta propia.
Los precios de productos agrícolas, para los cuales se fijaron un total de 44 valores máximos, también será controlados por inspectores. Se trata de precios establecidos para todas las formas productivas que comercializan alimentos en La Habana, aunque pueden sufrir variaciones en dependencia de la calidad de los productos.
En septiembre el Gobierno de Cuba publicó en la Gaceta Oficial el decreto del Ministerio de Justicia donde se establecen las infracciones contra la higiene comunal y las medidas adoptadas por La Habana para detener la propagación del coronavirus.
El documento, indica que las autoridades facultadas para imponer las multas y sanciones son, en primer lugar, los agentes de la PNR, así como los inspectores de la Dirección Integral de Supervisión y Control de la provincia de La Habana, de Salud Pública, de la Oficina Nacional de Inspección Estatal del Transporte y de la Dirección Estatal de Comercio, dentro de sus respectivas áreas de competencia.
Las sanciones ya habían sido adelantadas por el primer ministro cubano Manuel Marrero a fines del verano 2020.
Desde que se inició la pandemia de COVID-19 en La Habana se han incrementado las penas de cárcel, los decomisos, las multas y se han dado incluso casos de "destierro" de residentes ilegales en la capital hacia sus provincias, por incumplir los protocolos establecido en el país frente al coronavirus.
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